Una docena de empresas señaladas por corrupción o conflicto de intereses durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), no solamente evadieron las sanciones a que se habían hecho acreedoras, sino que incluso se les otorgaron nuevos contratos.
De acuerdo con un reportaje de Expansión Política, uno de los casos más sonados fue el de las empresas farmacéuticas de Carlos Lomelí Bolaños, quien fuera el delegado de los programas sociales del gobierno federal en Jalisco y recientemente, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, cargo que perdió ante el aspirante de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.
En julio de 2019, Sandoval Ballesteros anunció que las empresas Laboratorios Solfrán y Abisalud estaban siendo objeto de diversas investigaciones por presuntas irregularidades, como dar información falsa en los procedimientos de contratación. Meses después, anunció su inhabilitación y la aplicación de sanciones económicas que iban de los 100 mil al millón de pesos.
Sin embargo, las empresas obtuvieron amparos en tribunales que les permitieron evadir las multas y seguir participando en concursos públicos, tan es así, que continúan apareciendo en el padrón de proveedores del Gobierno Federal, y se les han asignado nuevos contratos.
Abisalud, desde que se anunció su inhabilitación, ha ganado 4 millones 290 mil pesos en contratos con el Instituto Nacional de Perinatología y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En total, en lo que va de la presente administración ha acumulado 304 millones 920 mil 774 pesos en diversos contratos, según información registrada en el portal Compranet.
Por lo que respecta a Solfrán, después de obtener un fallo favorable en un tribunal contra su inhabilitación, ha recibido al menos ocho contratos por 14 millones 496 mil pesos con el IMSS, así como con Prevención y Readaptación Social y Servicios de Atención Psiquiátrica del gobierno federal.
Empresas del sector transportes también pudieron evadir las sanciones de la SFP y consiguiendo contratos con el gobierno. Una de ellas, fue Transportes y Enlaces Especializados, que se hizo acreedora a una multa de 130 mil 959 pesos, que nunca quedó en claro si se pagó o no. Sin embargo, aun así obtuvo dos nuevos contratos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares por 642 mil pesos.
En el ramo de la construcción y mantenimiento, la empresa Urbanizaciones y Mantenimientos Viales JC, fue inhabilitada por un año por dar información falsa, sin embargo, a los seis meses de que se anunciara dicha sanción, obtuvo un contrato con Caminos y Puentes Federales (Capufe) por 11 millones 752 mil pesos.
Consultado por Expansión Política respecto a este fenómeno de que empresas sancionadas puedan librar las multas y seguir obteniendo contratos, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, expuso que la SFP tiene un problema estructural que data de hace varios años y que la actual administración tampoco ha podido resolver; consiste en que el marco legal no es lo suficientemente robusto y los expedientes sancionadores no se sustentan con solidez documental y por ello, los fallos son fácilmente revertidos en tribunales. Además, se generan demasiadas expectativas y cuando estas no se cumplen, se crea un clima de impunidad.
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