La extitular del DIF, María del Rocío García Pérez, fue reincorporada a su antiguo cargo por decisión de Claudia Sheinbaum, a pesar que durante su gestión fue denunciada por trabajadores por cometer extorsión.
Desde el 30 de septiembre Sheinbaum dio a conocer que García Pérez sería nombrada al frente Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la funcionaria celebró su nombramiento desde el pasado 1 de octubre por medio de su cuenta de X.
García Pérez sustituye a Nuria Fernández Espresate, quien fue nombrada por Andrés Manuel López Obrador luego de que García Pérez saliera para pasarse a la Secretaría del Bienestar. En su momento se especuló que había sido obligada a presentar su renuncia por las denuncias de trabajadores que la acusaron de quitarles hasta el 4% de sus salarios mensuales.
El 30 de septiembre Sheinbaum informó escuetamente de una serie de nuevos nombramientos, entre los que estuvieron Jesús Ramírez Cuevas como coordinador de asesores de la Presidencia. Nuria Fernández pasó a ser responsable del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Este lunes 14 de octubre Latinus recupera el historial de García Pérez, quien en 2022 causó escándalo por la mencionada denuncia de trabajadores, la cual no tuvo ninguna consecuencia legal, ya que la funcionaria fue exonerada, cambiada de dependencia y ahora vuelve al DIF.
Fue el portal Animal Político el que reveló, el 3 de mayo de 2021, de la existencia de denuncias en contra de García Pérez. Las extorsiones comenzaron en marzo de 2019 y afectaron a mil funcionarios, que entregaron denuncias anónimas ante la Secretaría de la Función Pública.
A pesar de que recibió las primeras denuncias en julio de 2020, dicha dependencia abrió un expediente hasta el 23 de abril de 2021, archivó el caso en julio de ese año y para inicios de 2022 exoneró a la funcionaria. Las denuncias se hicieron por medio de una plataforma digital de la SFP llamada Alertadores.
Dice la nota citada de Animal Político que “la directora utiliza como estrategia de amedrentamiento la supuesta amistad que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller desde hace más de dos décadas. Esa es la razón por la que –según dice– tiene ese puesto, pues la designación es facultad directa del Ejecutivo”.
Las “aportaciones” forzosas se destinaron al “Programa Ahijado”, uno que no existe oficialmente dentro del DIF. El medio calculó que las entregas sumaron alrededor de 7 millones 900 mil pesos anuales, en un esquema habitual para Morena de extorsión hormiga. El mismo esquema se aplicó en Texcoco, por parte de Delfina Gómez, ahora gobernadora del Estado de México.
Los empleados que ofrecieron su testimonio a la periodista Nayeli Roldán afirmaron que García Pérez distribuyó una lista de las cantidades asignadas a cada empleado de acuerdo con su cargo: cantidades que iban de los 500 a los 2 mil 500 pesos al mes. Esto, en una reunión en la que no se permitió tener celulares.
El 19 de enero de 2022, la SFP informó de la exoneración de García Pérez “por falta de argumentos” y que los denunciantes no acreditaron debidamente las faltas señaladas, pues les pidieron los números de cuenta en donde hacían los depósitos y no lo hicieron.
La SPF no tomó en cuenta que desde un inicio los trabajadores denunciantes declararon que se les obligaba a entregar las aportaciones en mano y en efectivo al entonces director de Finanzas, Alfredo Anguiano, quien, siempre según las denuncias, depositaba el dinero en las tarjetas conocidas como “Saldazo” que entonces se tramitaban en los Oxxos y que no pedían trámite alguno, por lo que se facilitaba su uso para mover dinero sin dejar registro.
El 11 de enero de 2022, días antes de su exoneración en este caso, AMLO nombró a García Pérez como subsecretaria en la Secretaría del Bienestar, por lo que dejó el DIF, organismo al que ahora regresa, sin jamás haber sido realmente investigada ni mucho menos sancionada.
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