Debido a que la seguridad pública es una labor exclusivamente civil, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es inconstitucional, y así deberá declararse, propuso el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá.
“Ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles”, dijo, mediante un proyecto de sentencia.
En este proyecto, que será analizado por el Pleno de la SCJN, el ministro propone que el máximo tribunal declare la inconstitucionalidad del traspaso de mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena, como ordenó AMLO en agosto de 2022, con el aval legislativo de Morena.
Alcántara dice que el traslado “se opone al texto del artículo 21, que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la Dependencia del ramo de la Seguridad Pública, quien formulará, no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que sus programas, políticas y acciones”.
Por ello, apunta, “resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el Decreto impugnado”.
Dice que del análisis jurídico pertinente “se extrae que la Fuerza Armada permanente sólo puede realizar tareas de seguridad pública en contextos de estricta excepcionalidad. Su participación debe estar regida por la absoluta necesidad y, por lo tanto, no puede ser permanente”.
No obstante, se recordará que además del traspaso de mando de la GN a la Sedena, se amplió la presencia del Ejército en labores de seguridad pública hasta el año 2028.
El ministro dice que contrario a la situación actual, en que una corporación civil está bajo un mando militar, la Constitución señala que “la Fuerza Armada solamente puede actuar de manera subordinada y complementaria a las instituciones de seguridad pública y a sus titulares”.
Agrega que ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad que según la Constitución están consagradas para autoridades civiles.
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