Durante los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos, reportó en su informe más reciente la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
“El contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que empeora con los años, configurando condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad física que, en muchas ocasiones, alcanza aspectos de su entorno más cercano, como su organización, comunidad y hasta su familia; asimismo, el Estado mexicano pone en entredicho la labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan”, cita el informe “Semillas de dignidad y lucha. Situación de personas defensoras en México 2019 – 2020”.
Los defensores de comunitarios, es decir, de tierra y territorio, han sido los más asesinados (19), enseguida quienes hacen la defensa del medio ambiente (15), los defensores de los derechos LGBTTTI (6), defensores de derechos políticos y civiles (3), y comunicadores con enfoque en derechos humanos (2).
De acuerdo con la Red TDT, que agrupa a 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana, durante 2019 y 2020 las personas defensoras han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, mismos que van desde el aumento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta el hostigamiento, impunidad generalizada y la violencia sistemática en su contra.
“México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. A esto se suma que, transitar el camino para buscar justicia se torna gris frente a innumerables obstáculos, límites y deficiencias sistémicas en las instituciones de procuración y administración de justicia”, señala.
En ese sentido, la Red indica que si bien los agresores son tanto agentes del Estado, particulares, empresas o el propio crimen organizado, “toda forma de violencia es responsabilidad del Estado”.
De hecho, en el informe advierten que las autoridades de los tres niveles de gobierno son los principales actores que buscan desacreditar y/o menoscabar su labor al declarar que se trata de personas “con intereses legítimos” o que están “financiados por sus opositores”. Concretamente señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, precisan, “ha sido un foco de grave preocupación pues constantemente recurre a este tipo de señalamientos durante sus conferencias matutinas, con lo que deslegitima la labor de las organizaciones y, esencialmente, demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades”.
La Red TDT también cuestiona que, cuando el foco de atención ha sido la violencia contra las mujeres, el presidente, “lejos de comprometerse a luchar contra la violencia feminicida, por la que cada día son asesinadas 11 mujeres en México, argumenta que el feminismo es una moda importada de otros países, que no responde a los verdaderos intereses de las mujeres, que las feministas que se manifiestan están manipuladas por los partidos conservadores o financiadas por capital extranjero”.
Por lo anterior y por otros ejemplos como los activistas comunitarios, la organización indica que el gobierno de López Obrador ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos.
Informe completo: INFORME-DEFENSORES-2019.2020-RED-TDT-WEB-LIGHT
