Por falta de elementos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó no emprender acciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Daniel Chávez Morán, y los exoneró de las acusaciones de conflicto de interés, cohecho y soborno relacionadas con el caso de la “casa gris” de José Ramón López Beltrán. Xóchitl Gálvez comentó que es un caso igual que cuando Virgilio Andrade exoneró a Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca.
Como se recordará, el 27 de enero la emisión Latinus, conducida por Carlos Loret de Mola, reveló las casonas y los lujos con los que vive el hijo mayor del presidente de la República, lo que resultó inexplicable ya no por el discurso de austeridad de López Obrador sino por la forma de obtener recursos para mantener esa dispendiosa vida. Así, de la primera mansión que ocupó en los suburbios de Houston, Texas, conocida después como la “casa gris”, se supo posteriormente que el hijo mayor del mandatario pagaba una renta mensual de más de 100 mil pesos.
Pese a que la primera explicación de López Obrador fue que “la señora tiene dinero” (se refería a Carolyn Adams Solano, esposa de su hijo), posteriormente López Beltrán arguyó que labora como abogado para la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Chávez Morán y fundada en vísperas de que López Obrador tomara el poder. Ese empresario es quien encabeza el Grupo Vidanta, dedicado fundamentalmente al turismo y que ha obtenido diversos permisos del actual gobierno para explotar espacios como playas, además de ser “supervisor” de las obras del Tren Maya y miembro del Consejo Asesor Empresarial del presidente.
Frente a ello, el 15 de febrero la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó una denuncia por conflicto de interés, cohecho y soborno. Entonces la legisladora expresó: ““No cabe duda: mientras más explican más se hunden. Primero el hijo del presidente vivió en una casa de quien fuera un alto directivo de una empresa con contratos millonarios de Pemex, y ahora confirma que el hijo trabaja en una empresa de la familia Chávez, cuyo empresario es supervisor del Tren Maya”.
Sin embargo, ahora la SFP anuncia que, tras sus investigaciones “no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares”.
Además, la secretaría tampoco halló irregularidades en las relaciones entre Grupo Vidanta y el gobierno federal, y reconoció no tener facultades para indagar actos jurídicos fuera de la administración pública ni tampoco fuera del territorio nacional.
Tras enterarse de la determinación de la SFP, la senadora Gálvez comentó: “Así, igualito como cuando Virgilio exoneró a su jefe. Hoy, la @SFP_mx la aplicó con #Vidanta y el hijo del Presidente. Quedaron atrás las expresiones de tomada de pelo y alcahuetes. ¿Ya ven como sí #SonPeores? #JoséRamónLópezBeltrán85”.
Debe mencionarse que López Obrador afirmó que su gobierno no tiene negocios con Grupo Vidanta. Sin embargo, se ha hecho pública la información de que este consorcio empresarial está vinculado con el Proyecto de Operación, Administración y Explotación del Aeropuerto Internacional del Mar de Cortés (información que el gobierno federal borró de internet), además de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que en 2020 (año en que López Beltrán fue contratado por KEI Partners) obtuvo 35 permisos o concesiones federales en diversos lugares turísticos.
Pero no hay conflicto de interés, dice la SFP.
