La Secretaría de Administración (SA) del estado mantiene bajo reserva las bitácoras de vuelo de los helicópteros que son propiedad del gobierno, por temor a que pueda ocurrir un atentado.
Esta determinación oficial contrasta con el anuncio que en septiembre hizo el gobernador Miguel Barbosa, en el sentido de eliminar más de 3 mil acuerdos de reserva de gobiernos anteriores sobre información pública, con la finalidad de privilegiar la transparencia.
La SA se negó a dar informes que le fueron solicitados mediante el mecanismo de acceso a la información pública, argumentando medidas de seguridad y prevención frente a posibles atentados.
En su exposición de motivos para negar la información, la SA señaló que hay un riesgo real de que grupos delictivos puedan atentar contra servidores públicos, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, lo que pondría en peligro a la seguridad nacional.
La reserva de las bitácoras comprende rutas, horarios de vuelo, tripulantes y pasajeros, con la idea de salvaguardar la integridad física de todos, incluyendo personal operativo y de logística.
De igual forma, la SA argumentó con casos diversos que terminaron en tragedia, como los ocurridos al gobernador de Colima, Gustavo Vázquez Montes, en 2005; a Juan Camilo Mouriño, en 2008; al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en 2011, y el más reciente de los accidentes aéreos ocurrido en Michoacán, donde perdió la vida el secretario de Seguridad Pública de ese estado, Martín Godoy Castro, juntos con otros funcionarios estatales, el 24 de julio de este año.
Pero la SA no mencionó el caso donde perdieron la vida la ex gobernadora Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, del estado de Puebla, ocurrido el 24 de diciembre de 2018.
La dependencia reconoció que la situación de vulnerabilidad en la seguridad de las aeronaves podría favorecer un atentado, sabotaje o derribo.
Hasta el momento, todavía no hay resultados en la investigación que expliquen qué ocasionó el desplome del helicóptero en el que murieron Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle. Al respecto, recientemente el gobernador Miguel Barbosa hizo comentarios en el sentido de que ese había sido su castigo por cometer supuesto fraude electoral, lo cual le acarreó una condena casi unánime en la opinión pública.
(Con información de Reforma)
