El gobierno federal y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acordaron este martes tres de ocho puntos planteados para activar el mecanismo de seguimiento del caso Iguala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras la reunión que sostuvieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, los padres dieron a conocer que los recursos para el mecanismo de seguimiento ya están asegurados aunque aún falta por acordar detalles del trabajo que realizará la Comisión.
En conferencia de prensa, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, detalló que entre los acuerdos alcanzados está que las visitas sean públicas, que el Estado otorgue financiamiento y las facultades que tendrá que la CIDH.
No obstante, la discrepancia se da cuando se habla del objetivo del mecanismo de seguimiento, el número de visitas, la labor del equipo operativo, la posibilidad de visitar el país cuando quieran sin avisar a las autoridades, acceso total a todos los expedientes y acatar las medidas cautelares y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Los peticionarios decimos que (el mecanismo) es para darle seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del GIEI, y el gobierno lo quiere acotar a que las recomendaciones tengan que estar relacionadas con las medidas cautelares y la investigación”, explicó Rosales, de acuerdo con el reporte de Reforma.
Por su parte, Roberto Campa aseguró que el mecanismo de seguimiento no está en duda, por lo que garantizó que éste empezará cuando se terminen de definir los detalles.
“Estamos empeñados en llegar a esa reunión (a finales de mes en la CIDH) con un acuerdo con los familiares y sus representantes y el gobierno mexicano, y es algo en lo que estamos trabajando. Hay una decisión de que habrá un mecanismo de seguimiento, no está en duda si habrá mecanismo o no, eso es un hecho, habrá mecanismo de seguimiento”, expuso.
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