El Golfo de México, el basurero de Pemex… y de empresas privadas
El gobierno actual no es responsable de todo el problema, pero sigue dándole la espalda a la realidad
En el Golfo de México se ha vuelto casi normal que ocurra un accidente petrolero, aparezcan manchas de hidrocarburos en el mar y grumos de crudo en las costas, se anuncien reparaciones y, unos días después, todo continúe como si nada hubiera pasado.
Petróleos Mexicanos informa que controló una fuga, reparó un ducto o restableció sus operaciones, y el asunto desaparece de la información pública.
De todo el historial de incidencias industriales en el mar, casi nunca conocemos lo fundamental: cuánto petróleo se derramó, qué superficie resultó contaminada, cuáles fueron los daños ambientales, cuánto costará remediarlos y quiénes serán los responsables.
Y no se trata solamente de Pemex. También están las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que participan en la explotación de hidrocarburos y cuyos riesgos ambientales deben estar sujetos a una vigilancia que ninguna institución del Estado Mexicano cumple con eficiencia.
UNA SUCESIÓN DE INCIDENTES
Los incidentes registrados durante 2026 permiten dimensionar el problema. En febrero, un derrame petrolero provocó afectaciones a lo largo de cientos de kilómetros de litoral en Veracruz y Tabasco.
En septiembre, Pemex reconoció una caída de presión en un ducto marino del Complejo Ek-Balam, que requirió trabajos de reparación submarina.
Y en octubre, la empresa informó que había localizado un poro en un ducto de la plataforma Chuc-1, después de detectar iridiscencia en las aguas del complejo Abkatún-Pol-Chuc, a unos 65 kilómetros de Paraíso, Tabasco.
También el mes pasado se reportó un incendio en la plataforma Abkatún-H.
Estamos ante una sucesión de hechos que debería obligar a revisar públicamente las condiciones de mantenimiento y seguridad de las instalaciones petroleras en el mar, porque reparar un ducto después de una fuga es indispensable, pero una empresa responsable sabe que la reparación no sustituye la obligación de informar por qué ocurrió la falla, cuánto petróleo se derramó y cuáles fueron sus consecuencias.
EL COSTO DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA
El gobierno actual no es responsable de todo el problema, pero sigue dándole la espalda a la realidad. Buena parte de la infraestructura petrolera del Golfo lleva décadas operando, los satélites identifican manchas de hidrocarburos alrededor de ductos y de plataformas, pero Petróleos Mexicanos es incapaz de presentar un diagnóstico sobre la seguridad con la que operan sus instalaciones y los riesgos que representa mantener la producción a niveles que exige la consigna de “rescatar la soberanía energética del país”.
Como si esa soberanía energética eximiera de responsabilidades ambientales a las empresas petroleras. Y el problema es que el mar es un basurero no sólo de Pemex sino también de compañías privadas.
TAMBIÉN EMPRESAS PRIVADAS CONTAMINAN
Pescadores de Villa Sánchez Magallanes, en Tabasco, llevan semanas denunciando manchas de hidrocarburos cerca de plataformas que identifican como pertenecientes a la compañía italiana ENI.
Imágenes satelitales obtenidas por meteorólogos yucatecos muestran líneas oscuras sobre la superficie del mar, compatibles con posibles manchas de hidrocarburos, ern una zona próxima al sistema lagunar Carmen-Pajonal-Machona, de enorme importancia ambiental y pesquera.
Pero la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente, no se han dado por enteradas. La inversión extranjera no puede funcionar como una patente de impunidad ambiental.
Y también frente a las costas de Tabasco hay otro caso escandaloso, pues desde diciembre de 2024, una plataforma petrolera permanece encallada a escasos metros de la playa de Sánchez Magallanes. Los pescadores denuncian que se está inclinando y vierte residuos de hidrocarburos al mar.
Parece un chiste, pero el almirante Juan Carlos Vera Salinas, comandante de la Tercera Región Naval, declaró recientemente que las autoridades desconocen a quién pertenece, es decir, si no han podido establecer siquiera quién es su propietario, mucho menos han definido en casi dos años quién debe retirarla y quién responderá por los posibles daños ambientales.
