Más de mil jueces y magistrados de Distrito denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Reforma Judicial impulsada por la 4T es un “golpe de Estado enmascarado” y solicitaron que ejerza su autoridad para detener su implementación, pues además de concentrar el poder, implicará un despido masivo de personas.
En conferencia de prensa, el magistrado José Manuel Torres informó sobre dicha petición y llamó a la CIDH a actuar en el marco de sus facultades como tribunal internacional para frenar la reforma que pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues trae consigo múltiples violaciones contra los derechos humanos “y muy especialmente contra el acceso a la justicia, la protección judicial y las garantías judiciales”.
Agregó que “el cese masivo de personas juzgado es un acto ilícito internacional” que no debe permitirse.
A su vez, el magistrado Juan José Olvera dijo que la solicitud es para “solicitar al Estado mexicano que, en aplicación del artículo 41, evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso de reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de su convencionalidad, la cual podría realizar mediante un mecanismo debidamente acordado ante esa Comisión, entre el propio Estado mexicano y quienes ahora firmamos esta petición”.
Acusó que la llamada cuarta transformación busca “personas que simulen ser jueces” y avalen las acciones de quienes están en el poder. Muestra de esa simulación fueron los diálogos nacionales sobre la reforma.
“”Pretenden designar a jueces de control constitucional por elección popular, mediante un mecanismo tan arbitrario como aleatorio que les garsntice sumisión.No quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren personas que simulen ser jueces y que avalen todas las acciones de los gobernantes en turno, pretenden un modelo de acceso que garantice lealtad al partido en el poder en lugar de lealtad a los derechos de las personas”.
“Con responsabilidad hacemos ver a esa Comisión, que en este momento ya se ha dado el primer paso en esa dirección, semanas de supuestos diálogos, sólo simulados que dieron lugar a un dictamen, agendado para discutirse en la Cámara de Diputados”, afirmó.
El golpe de Estado está enmascarado en un discurso democratizador, pero en realidad se trata de un intento de destruir la democracia y concentrar el poder. Esta petición se realizó mientras en la Cámara de Diputados se inició en Comisiones el análisis de la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial que envió AMLO en febrero pasado.
El documento con las más de mil firmas se llevó a la sede de la CIDH en Washington y paralelamente, se dio a conocer en México.
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