viernes 21 junio 2024

Human Rights Watch: reforma electoral de AMLO pone en riesgo comicios libres e imparciales

por etcétera

Human Rights Watch (HRW) consideró que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador socava la independencia de las autoridades electorales y pone en riesgo las elecciones libres e imparciales por lo que los legisladores deben rechazarla.

Prácticamente en vísperas del inicio de la discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa presidencial, la organización internacional emitió sus consideraciones sobre la propuesta, la que, consideró, contraviene “los estándares internacionales de derechos humanos”.

El investigador de HRW Tyler Mattiace consideró que lo propuesto por el presidente mexicano facilita que el partido en el gobierno se pueda apoderar de las instituciones electorales para mantenerse en él.

Criticó severamente la iniciativa y la enmarcó en la tradición mexicana: “Considerando la larga historia de elecciones amañadas en México durante los más de 70 años de gobierno unipartidista, resulta sumamente alarmante que los legisladores consideren una propuesta tan regresiva que debilitaría la independencia de las autoridades electorales”.

Entre los principales cambios que critica el organismo están la forma de designación de los consejeros del organismo electoral y los magistrados del tribunal en la materia, que “eliminaría las protecciones destinadas a asegurar su independencia del gobierno”.

Otro punto que destaca es la desaparición de los organismos y tribunales electorales de los estados, lo que significaría que sólo las instancias federales se encargarían de arbitrar las elecciones de todos los niveles.

HRW se manifestó contra el control del padrón electoral por el gobierno, como ocurrió en la etapa del sistema unipartidista en México. Sobre este aspecto también señaló que ello “podría contravenir el derecho mexicano y los estándares internacionales sobre protección de datos personales”.

Finalmente, HRW puso énfasis en su comunicado en que los Estados deben garantizar la existencia de una autoridad independiente que supervise las elecciones para que sean justas e imparciales.

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