Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtieron del retroceso democrático que traería la aprobación de la reforma constitucional que acota sus atribuciones ante los partidos políticos y ante el Congreso de la Unión.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez afirmó que la reforma frena contrapesos entre los poderes y limita los derechos de las minorías políticas al interior de los partidos.
Señaló que es un error que el Congreso de la Unión tenga facultad exclusiva de establecer acciones afirmativas para grupos vulnerables.
Se impediría “que el Poder Ejecutivo establezca acciones afirmativas en gabinetes, pero tampoco lo podría hacer un Congreso estatal o las autoridades electorales estatales, porque la iniciativa reserva como una facultad exclusiva del Congreso general establecer acciones afirmativas para grupos vulnerables”, dijo.
Esta clase de acciones afirmativas se refieren a determinaciones para afirmar o fortalecer los derechos de minorías, como por ejemplo, instruir a un partido político que en determinada elección solo pueda nombrar candidatas mujeres o miembros de una comunidad indígena.
La reforma señala que solo los partidos políticos o en su caso, el Congreso federal, pueden decidir al respecto, no así el Tribunal Electoral.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora dijo, mediante un comunicado de prensa, que esta reforma es un retroceso democrático que no debe permitirse.
“Los partidos políticos tienen la obligación constitucional de ampliar las voces que buscan construir una sociedad más igualitaria y respetuosa de la diversidad. Como vehículos de la participación política, su función siempre debe ser que la representación ciudadana sea tan plural como lo es la sociedad que les confiere el poder a través de su voto”.
“Cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política, no sólo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse”, dijo.
Finalmente, aseveró que “la responsabilidad pública que nos exige la Constitución no es la de imponer una visión ideológica, sino la defender las libertades que nos permiten convivir en sociedades diversas”.
Esta reforma quita atribuciones al TEPJF para que lleve adelante juicios de derechos políticos promovidos por minorías en desacuerdo con sus partidos políticos. Prohíbe cuestionar los nombramientos de líderes partidistas; prohíbe al TEPJF dar curso a las inconformidades de militantes en contra del nombramiento de candidatos.
En suma, frena toda posibilidad de que la militancia se inconforme contra sus líderes partidistas ante una instancia superior y brinda a los partidos completo autogobierno de acuerdo a sus estatutos..
Esta iniciativa nació de la molestia de Morena luego de que el TEPJF le ordenara a la Cámara de Diputados elegir una presidenta del INE, y de que acotara la extensión de la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI.
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