Tras realizar algunos ajustes presupuestales, el Consejo General del INE determinó que requerirá mil 738 millones de pesos adicionales para realizar la consulta de revocación de mandato, por lo que aprobó solicitar dicha cantidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, exhortó a la Cámara de Diputados a deslindarse de la denuncia penal por la determinación de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias de la eventual Revocación de Mandato.
Durante la sesión extraordinaria realizada este miércoles, los consejeros votaron a favor del proyecto que establece el costo de la consulta en 3 mil 306 millones de pesos, cantidad a la que se restan los recursos de los que ya dispone el organismo (2 mil 091 millones) y pidieron detener la investigación en su contra que se encuentra en marcha en la Fiscalía General de la República.
La cantidad faltante se solicitará a la SHCP, en acatamiento a una resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hace unas semanas indicó que el INE debería hacer los ajustes presupuestales posibles para liberar fondos para la revocación de mandato y pedir lo faltante a la SHCP.
La modalidad bajo la que se solicitan los recursos es la extensión de presupuesto. Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no era seguro que Hacienda diera recursos al INE, a pesar de que fue una orden del TEPJF. AMLO señaló que se darían recursos si era posible, porque había prioridades.
“Este Instituto ha logrado por sí solo alcanzar aproximadamente 2,091.46 mdp, tanto de suficiencia presupuestaria como de eliminación de costos, de los 3 mil 830.40 millones de pesos que fueron solicitados en el anteproyecto de presupuesto”, dice el proyecto aprobado.
“Resulta indispensable solicitar a la brevedad a la SHCP la cantidad de mil 738.94 mdp, a fin de que dote a este Instituto de los recursos faltantes que se requieren para hacer efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de Revocación de Mandato, en las condiciones que lo ordena la Ley Federal de Revocación de Mandato”.
El proyecto votado y aprobado pide a Hacienda informar a más tardar el 31 de enero sobre si acepta o no entregar la extensión presupuestal, pues en caso de no aprobar, el organismo electoral habrá de continuar con el proceso de organización, pero adaptado al menor gasto.
Esto implicaría poner menos casillas de las que se colocaron en la última elección federal, algo que contraviene la ley, pero que debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia y a la del propio TEPJF protege jurídicamente al INE de ser demandado por incumplimiento, ya que se trata de la orden de una instancia superior.
Es importante señalar que el costo original proyectado por el INE era de tres mil 830 millones de pesos. Entre presupuesto aprobado y uso de ahorros logró reunir mil 503 millones, además de que redujo el costo en 524 millones. Entre otras adecuaciones obtuvo recursos por 2 mil 091 millones.
Parte de estos ahorros se dieron al decidir eliminar el papel seguridad, reducir apoyos a consejeros distritales, reducir el número de capacitadores y su tiempo de trabajo, omitir la compra de toallas sanitizantes y no pagar gastos de observadores extranjeros.
Horas después de la sesión, el INE emitió un comunicado de prensa en el que se recuerda que ” la Fiscalía General de la República sigue haciendo indagatorias frente a denuncias que son absolutamente ridículas, que han recibido la descalificación pública de la sociedad e incluso por parte del Presidente de la República y hasta la retractación de quien paradójicamente las presentó”.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, manifestó que sería interesante escuchar si los diputados “avalan el planteamiento del presidente de la Cámara o bien de muchos otros actores, incluyendo el presidente de la República y agregaría, si creen en consecuencia, que deben hacer un llamado para que de una vez se resuelva este entuerto y la Fiscalía cierre las carpetas de investigación que no tienen ningún sentido, desde mi punto de vista”.
Agrega el comunicado que “el Consejero Ciro Murayama Rendón señaló que a la fecha hay total opacidad sobre las acciones emprendidas por el Presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Gutiérrez Luna), quien anunció que iniciaría lo pertinente para frenar las acciones penales emprendidas; sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos documentales o escritos que contengan desistimiento alguno”.
Respecto a la recolección de firmas necesarias para organizar la consulta, Córdova respondió en sus redes sociales a lo dicho en la mañanera por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien afirmó que ya habían sido validadas las más de 3 millones de firmas necesarias.
“El INE sigue con la cuantificación y verificación de las firmas de quienes promueven la Revocación de Mandato. Al corte más reciente, se han acreditado 2 millones 140 mil firmas en Lista Nominal”, dijo el consejero.
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