Luego de que la Fiscalía de Aguascalientes dijera que la muerte del magistrade Jesús Baena y su pareja, Daniel Nieves, fue de “índole personal”, la comunidad de la diversidad sexual protagonizó masivas protestas en 25 ciudades del país, acusando que se alteró la escena del crimen.
Representantes de la comunidad de la diversidad sexual, a la que pertenecía Baena Saucedo, que se identificaba como persona no binaria, acusaron a la Fiscalía estatal de ocultar un crimen de odio, luego de que, mediante una conferencia de prensa y un comunicado, la dependencia afirmara que “todo indica que podría tratarse de un tema de índole personal”.
El comunicado de prensa dijo que, al no haber “indicios de la participación de una tercera persona”, y que ambos tenían heridas de navajas de rasurar, se contempla que fuera un asunto personal.
En la conferencia de prensa, el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa, agregó que no se descartan otros motivos, pero lo cierto es que enfatizó en la motivación personal, ya que, dijo, las grabaciones de las cámaras de seguridad no registran el ingreso de una tercera persona.
Figueroa dijo que el caso se investiga con perspectiva de género, pero sus declaraciones provocaron enorme indignación entre la comunidad de la diversidad sexual.
En reacción, en la CDMX se registró una masiva protesta, replicada en 24 ciudades, incluida Aguascalientes, donde ocurrieron los hechos. La exigencia generalizada fue que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.
La protesta en la capital partió a las 10 de la noche de la Estela de Luz y llegó hasta Palacio Nacional, reuniendo a miles de personas. La cita fue a las siete de la noche.
Al respecto, durante la conferencia mañanera de este martes, AMLO instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medina a dar la postura oficial de su gobierno, quin hizo un “llamado muy fuerte para que sea aplicado con toda la amplitud el protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTTIQ+ y de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso”.
Dijo que no se debe “descartar ninguna línea de investigación en este caso. Este es un caso relevante para nosotros, no solamente por el activismo que llevaba a cabo le Magistrade, sino también porque el Gobierno de México y el Gobierno de la República tienen la convicción de que todos los delitos o las conductas con apariencia de delitos se investiguen, se esclarezcan los hechos y en su caso, se sancione a los responsables”.
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