Un juez de control determinó revocar el No Ejercicio de la Acción Penal contra José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita que pudieron dar origen a un enriquecimiento por más de 36 millones de pesos.
En una audiencia realizada este viernes, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia reconoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podía impugnar el no ejercicio de la acción penal contra Vargas Valdez decidido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Y no sólo ello, sino que le dio la razón a la impugnación que la UIF presentó contra el no ejercicio de la acción penal que había determinado la FECC, por lo que esta fiscalía deberá continuar las investigaciones contra Vargas Valdez por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia de la UIF contra el magistrado data de febrero de 2020, cuando denunció su enriquecimiento por 36 millones 487 mil pesos, que son gastos que realizó entre 2013 y 2019. Sin embargo la FECC determinó que había delito que perseguir porque Vargas Valdez había demostrado la licitud de sus operaciones.
Después de conocer la resolución del juez Fuerte Tapia, el presidente del TEPJF publicó un comunicado en el que manifestó su respeto al Poder Judicial aunque no comparta su determinación, y ratificó que su patrimonio es lícito y en correspondencia con sus ingresos y egresos.
También manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio Público Federal, además de que señaló que el asunto no se debe resolver en los medios de comunicación. Mientras tanto, dijo, seguirá enfocado en resolver las impugnaciones del proceso electoral.
