El senador Javier Corral, quien en 2014 fue uno de los críticos más duros de la reforma en telecomunicaciones impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, ha dado un giro completo al respaldar en 2025 la nueva iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de que expertos coinciden en que representa un retroceso en derechos y libertades digitales.
Como senador del PAN, Corral denunció en su momento que dicha ley confería atribuciones inconstitucionales a la Secretaría de Gobernación, como ordenar el bloqueo de contenidos en internet con base en criterios vagos como “seguridad nacional” u “orden público”. Afirmó que estos conceptos eran susceptibles de interpretación arbitraria, con el riesgo de censurar plataformas, publicaciones o sitios web sin supervisión judicial. También advirtió que se atentaba contra la neutralidad de la red y la libertad de expresión.
Hoy, ya como legislador de Morena, Corral ha calificado la nueva propuesta como “un proyecto de ley que en su contenido general está bien y tiene aspectos muy positivos”. A diferencia de su postura en 2014, no ha señalado los elementos de la iniciativa que, según especialistas del sector, abren la puerta a la censura en medios tradicionales, plataformas digitales, televisión restringida e incluso contenidos informativos transmitidos desde el extranjero.
Hace once años, Corral encabezó el Frente por la Comunicación Democrática, una alianza de legisladores, académicos y organizaciones civiles que denunció públicamente los riesgos de la censura digital. Fue organizador de foros en el Senado donde se discutieron los peligros de permitir que el gobierno interviniera en redes sociales y espacios digitales utilizados por la sociedad civil para la libre expresión y la movilización.
Hoy, en contraste, su única demanda es “apostar a tiempos oportunos y no a las prisas” para el estudio de la ley. Reconoce no formar parte de las comisiones dictaminadoras, pero asegura que buscará contribuir para “asegurar los fines que plantea”.
La organización Artículo 19, que también se opuso en su momento a la reforma de Peña Nieto, ha alertado sobre la posible aprobación en fast track de esta nueva ley en materia de telecomunicaciones. Advierte que el proyecto establece un régimen de control del Ejecutivo sobre el espectro radioeléctrico, las concesiones y la supervisión de contenidos, con consecuencias graves para la pluralidad informativa.
“Entre las principales problemáticas se vislumbra la administración del espectro y la asignación de concesiones con criterios políticos y no técnicos, lo que podría facilitar la cancelación de permisos a medios independientes y críticos bajo pretextos ambiguos”, señala la organización.
Además, denunció que la ley faculta al Ejecutivo para bloquear plataformas digitales, una medida contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. “Es inconstitucional bloquear aplicaciones o servicios digitales bajo cualquier justificación”, subraya Artículo 19.
En respuesta, Corral ha desestimado las alertas de censura como “mentiras, exageraciones y manipulación” provenientes —según él— de opositores al gobierno de Claudia Sheinbaum, acusándolos de interpretar la ley con “retórica vacía”.
La contradicción entre sus posturas de 2014 y 2025 son otro ejemplo de su falta de coherencia política y la defensa de principios fundamentales, en un contexto donde la concentración de poder en materia de telecomunicaciones podría tener implicaciones severas para la libertad de expresión en México.
