Después de que el encargado de la fiscalía capitalina logró la evasión del exgobernador Javier Corral Jurado, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FAEC) informó que es considerado prófugo de la justicia y que se encuentra indiciado por el desvío de 98 millones de pesos por contratar ilegalmente a un despacho privado cuando era servidor público.
En conferencia de prensa Abelardo Valenzuela, titular de la FAEC, se refirió a que el pasado miércoles esta institución presentó, cerca de las ocho de la noche, una solicitud de colaboración a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para la aprehensión de Corral Jurado por la acusación de peculado agravado en perjuicio del Gobierno de Chihuahua. La autorización les fue entregada por Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales.
Pese a ello, el encargado de la fiscalía capitalina, Ulises Lara López, impidió la acción de los agentes de Chihuahua, se hizo cargo personalmente de Corral y se lo llevó en franca huida, en una acción en la que no sólo participaron elementos de esa institución sino también un nutrido grupo de choque que buscó impedir el trabajo de los periodistas y la captura de imágenes del momento de la evasión del exgobernador.
Valenzuela mencionó el delito por el que el colaborador “anticorrupción” de Claudia Sheinbaum es requerido por la autoridad de Chihuahua: cuando fue gobernador de esa entidad, Corral y Arturo Fuentes Vélez (quien fue su secretario de Hacienda), sin autorización, desviaron recursos públicos por 98 millones 600 mil pesos para hacer dos pagos (cada uno por 49 millones 300 mil pesos), uno en diciembre de 2019 y el segundo en agosto de 2020, al despacho López Elías Finanzas Públicas S.C., al que contrataron para la reestructuración de la deuda pública del estado.
Según explicó la FAEC, esa acción fue ilegal porque la Secretaría de Hacienda cuenta con un área especializada para realizar ese tipo de trabajo.
La denuncia al respecto fue presentada en enero de 2023 por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua tras la revisión que hizo de la Cuenta Pública de 2021. Esta dependencia también encontró que el despacho privado contratado por Corral y Fuentes Vélez no presentó los entregables, además de que carecía de experiencia y conocimiento técnico de la información financiera estatal. Pese a ello, el entonces gobernador y su secretario lo contrataron.
Otras irregularidades señaladas por la FAEC en la contratación del mencionado despacho por Corral y Fuentes Vélez es la falta de investigación de mercado y del dictamen de excepción, no estaba registrado en el padrón de proveedores, carencia de garantía de cumplimiento en el contrato, además de que este no fue capturado en el Sistema Electrónico de Compras.
El fiscal informó que el delito de peculado es sancionado con pena privativa de la libertad, que podría ser de hasta 12 años. Asimismo, explicó que la autoridad aprecia un comportamiento doloso de Corral y Fuentes Vélez debido a que no debieron haber dispuesto de los recursos a favor “del cómplice externo que se benefició de la apresurada e innecesaria contratación”.
Después de que elementos de la fiscalía capitalina, encabezados por el encargado del despacho principal (quien, no obstante, se presentó como “fiscal”), lograron evitar la aprehensión de Corral, la FAEC solicitó que por escrito esa institución le entregue por escrito las razones para negarse a colaborar en la detención.
Debido a ello es que, dijo Valenzuela, han declarado a Corral “prófugo de la justicia”.
