Como resultado de un amparo interpuesto por la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, el Juzgado Cuarto de Distrito denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República al secretario de Salud, Jorge Alcocer y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por desacatar reiteradamente la orden judicial de resolver el problema de desabasto de medicamentos oncológicos pediátricos.
Este juicio de amparo inició en octubre de 2020 y, tras varias etapas en su desarrollo, este 16 de julio el Juzgado Cuarto presentó la denuncia contra ambos funcionarios por “desobedecer de manera reiterada” la orden de un Tribunal para garantizar el abasto de 37 medicamentos oncológicos pediátricos.
La querella fue presentada ante la FGR por dicho juzgado, en obediencia a la orden del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que consideró que ambos funcionarios se encuentran en desacato de la orden dictada hacia ellos, como resultado del juicio de amparo mencionado arriba.
El Tribunal sentenció lo siguiente:
“A efecto de tutelar el debido cumplimiento de la suspensión concedida en el juicio de amparo en que se actúa, se hace efectivo el apercibimiento decretado el 2 y 8 de octubre de 2020, por lo que procede hacer la denuncia correspondiente en contra del Secretario de Salud, del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Oficial Mayor de dicha Secretaría, ante el Ministerio Público de la Federación”.
La sentencia que ordena la denuncia penal refiere que el desacato de los funcionarios ha impedido prestar la atención médica “debida y urgente” a 260 niños, niñas y adolescentes del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Aunque es públicamente conocido que el desabasto de medicamento oncológicos pediátricos es un fenómeno nacional, el amparo referido se circunscribe al caso de los pacientes del mencionado hospital, pues así fue formulada la denuncia de la ONG.
En concreto, a Alcocer y Herrera se les querella por desacatar la suspensión concedida a los promoventes del amparo el 6 agosto de 2020. En el complicado proceso, tanto la SSA como la SHCP negaron tener responsabilidad alguna en la compra de medicamentos y obtuvieron, de parte de algunos juzgados, algunas prórrogas para atender la suspensión.
Dichas prórrogas fueron motivo de apelaciones. Algunas quejas fueron desechadas y los demandantes apelaron. El resultado, al momento, luego de muchos meses, fue la orden de denunciar penalmente a los funcionarios.
El amparo en cuestión se interpuso en contra de la violación al derecho a la salud de los niños y adolescentes. Al conceder la suspensión, lo que hizo el juez fue ordenar a las dependencias federales que cesaran en sus actos lesivos a los derechos de los demandantes, asegurando el abasto de medicamento.
Pero las autoridades no cumplieron con la suspensión ordenada, debido a que durante muchos meses, el gobierno federal no pudo resolver el desabasto, al tiempo que negaba que éste existía.
Esta información se da a conocer en la misma semana que el titular de SSA, Jorge Alcocer, se ufanó de que él y su equipo resolvió ya el desabasto, y aseguró que la falta de medicamentos oncológicos pediátricos se ha exagerado y usado con finalidades políticas. Sin embargo, especialistas en la materia aseguraron que aunque el gobierno ya hizo las compras de un gran número de insumos, eso no se traducirá de manera inmediata en la presencia de los productos en los hospitales, y que en algunos casos, los medicamentos tardarían en llegar hasta 4 meses, debido a los procesos de producción.
Al respecto, cabe recordar que las primeras denuncias sobre el desabasto de medicamentos se dieron muy al principio de este gobierno y que el amparo del que se informa en esta nota no es el único en proceso respecto a este tema.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, a varios meses de denuncias por parte de los padres de niños con cáncer, las diputadas del PRD, Verónica Juárez Piña y Guadalupe Almaguer Pardo, informaron que promovieron recursos de amparo en contra de las autoridades de salud, por el desabasto de medicamentos para la atención de cáncer en niños, niñas y adultos.
Ahora, lo que sigue es que la FGR integre una carpeta de investigación en contra de los funcionarios, en acatamiento a la orden judicial e iniciar un proceso que, de encontrarlos culpables los condenaría a varios años de prisión.
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