El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones desechó este viernes 50 amparos interpuestos contra los aumentos a los precios de la gasolina.
A través de un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detalló que los recursos resultan jurídicamente improcedentes de acuerdo con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.
Explicó que, según una jurisprundencia de la SCJN, los artículo 25 y 28 constitucionales que establecen los principios relativos, no otorgan derechos a los gobernados, tutelables a través del juicio de amparo, para obligar a las autoridades a adoptar determinadas medidas”.
Agregó que “las políticas de Estado sólo pueden ser instrumentadas por una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”, lo cual “constituye un obstáculo jurídico que impide instruir a los órganos de Estado, señaladas como autoridades responsables, para adoptar ciertas políticas públicas o medidas de carácter económico”.
Por ello, “no corresponde al juzgado federal impone una obligación a los expendedores de gasolina para que realicen el cobro de los productos que venden, bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional”.
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