La sociedad no debe caer en la tentación de promover prácticas que violen la ley como ejercer justicia por su propia mano, declaró Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Esta declaración se da al margen de la popularidad que se ha generado en redes sociales por el llamado “justiciero de la Marquesa”, quien asesinó a cuatro ladrones que asaltaron un camión de pasajeros, la semana pasada, en el Estado de México.
Al respecto, durante la clausura del 5to Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, el Ombudsman advirtió que la sociedad no debe aceptar acciones ilegales con una falsa promesa de que esto reducirán los altos índices de criminalidad que prácticamente se registran en todo el país.
“Desconociendo el mandato constitucional que expresamente prohíbe del que se ejerza justicia por su propia mano, la solución a nuestra problemática de inseguridad no puede pasar tampoco por propiciar que nuestra sociedad se arme y aceptar que se dejen de lado las vías institucionales para resolver la misma”, dijo González Pérez, de acuerdo con el reporte de Quadratín.
“No podemos permitirnos como país ni como sociedad caer en la tentación de aceptar o promover prácticas que violen la ley o los derechos humanos, aun cuando se haga la falsa promesa de incidir en que se inhiban las conductas delictivas o se aplique un castigo real inmediato para que no incurran en ellas”.
Reconoció que la falta de resultados por parte de las autoridades ha hecho que las personas “en la búsqueda de las soluciones a reclamos básicos de protección de a familiares, seres queridos, patrimonio y fuentes de subsistencia, incurran en conductas contrarias a la ley o aprueben la realización de las mismas”.
No obstante, “la ilegalidad no puede combatirse con ilegalidad, no podemos permitir que en estos supuestos indebidamente se identifique la defensa de la aplicación de la ley y el respeto a la dignidad humana con la protección de delincuentes”, recalcó el Ombudsman.
Advirtió que “la sociedad (…) no puede ni debe asumir las tareas inherentes al ámbito de la seguridad, las cuales son una obligación y responsabilidad del Estado a la cual no puede renunciar”.
mahy
