Con su propuesta de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) exhortara a los jueces para que sobresean procesos contra la reforma judicial, Lenia Batres muestra su desconocimiento del valor de la independencia judicial y ejemplifica los peligros que implica la elección de juzgadores y la falta de carrera judicial, consideró el magistrado Juan José Olvera López en la conferencia de jueces.
El pasado 3 de diciembre la autodenominada “ministra del pueblo” dio a conocer una nota informativa sobre la sesión privada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que determinó rechazar la petición del Instituto Nacional Electoral para que diera resolución pronta a los medios de impugnación presentados contra la reforma judicial.
En esa reunión Batres hizo la propuesta de que el máximo tribunal solicitara al CJF la expedición de un acuerdo en el que exhortara a juzgados y tribunales en los que haya procesos contra la reforma judicial para “que los declaren sobreseídos y desechados, con base en el principio de supremacía constitucional”.
Batres arguyó que la SCJN tiene las atribuciones para hacer esa solicitud al CJF y que con su propuesta “todos los juicios contra la reforma electoral se habrían declarado sin materia”. Fue rechazada.
Este viernes, en la conferencia matutina de los jueces el magistrado Juan José Olvera López refutó la propuesta de Batres y afirmó que la ministra no tiene conciencia del valor de la independencia judicial.
Sobre el caso de Batres y su propuesta, Olvera López fue contundente: “Este es el riesgo cuando quien carece de la carrera judicial, quien llega al cargo y, además, a la más alto sitial, no tenga noción de la importancia de la independencia, que asuma que, siendo jueces responsables de las decisiones, vea como con naturalidad que cualquier autoridad, incluso administrativa, les pueda decir cómo deben resolverse los casos”.
Agregó: “Este es un verdadero peligro: suponer que cualquier persona ajena al litigio le puede instruir a los jueces cómo decidir, e incluso lo vean como un deber. Esa es la parte más delicada”.
Olvera López expuso que es entendible que Batres (a la que no mencionó por su nombre) haya hecho una apreciación personal y que esté convencida de que publicada una reforma constitucional ya es vigente e inatacable. Sin embargo, señaló que “lo que verdaderamente es un problema es que se tenga la convicción de que un órgano administrativo le pueda ordenar a los jueces a resolver de determinada manera”.
Eso, agregó el magistrado, “es no tener ni siquiera conciencia de las implicaciones de la independencia judicial como un valor que debe acompañar a cualquier persona que toma decisiones, especialmente cuando esa persona es un juez que conoce de juicios entre los ciudadanos, entre los particulares y las autoridades. Debemos tener claro que la confrontación va a ser entre los órganos de poder y los ciudadanos, en cuyo caso los órganos de poder, como partes que son demandadas en los juicios de amparo, pues tendrán siempre la tentación de querer incidir en el juez, como cualquier parte quieres siempre incidir en el juez”.
En esa dirección, enfatizó Olvera López, “el problema no es que haya pretensiones de incidir en los jueces; el problema es que quien es juez eventualmente no tenga la convicción ni la claridad del poder de la independencia”.
Con el caso de la “ministra del pueblo” el magistrado exhibió el peligro que plantea la elección de juzgadores: “Este es un riesgo que se corre con los aspirantes a jueces que no son de carrera judicial (…) El problema es que, eventualmente, vean como normal que ellos van a esperar a que les digan cómo resolver, porque entonces no tendremos jueces: tendremos operadores políticos en los tribunales. Cuando tenemos operadores políticos en los juzgados y en los tribunales, y tratándose del juicio de amparo, el que va a perder es el ciudadano, naturalmente”.
