El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de Liconsa entregó contratos por 4 mil millones de pesos a la empresa Grupo Vicente Suárez 73 S.A. de C.V., propiedad de Alejandro Puente Córdoba, empresario señalado por presuntos actos de corrupción cuando presidía la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (Canitec) durante el sexenio de Felipe Calderón.
Dichos contratos se asignaron entre el 12 y 17 de diciembre de 2019, para la producción y venta de leche a dos plantas procesadoras que se construirán en Tabasco y Zacatecas. Lo anterior, a pesar de que ni la firma ni su propietario tienen experiencia en el ramo lechero.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la compañía Grupo Vicente Suárez 73 S.A. de C.V., fue creada por Puente Córdova el 11 de noviembre de 2014 como una empresa dedicada a la construcción, pero fue hasta el 3 de diciembre de 2018, dos días después entrar en funciones el gobierno de López Obrador, cuando la firma añadió a su objeto social la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
Los contratos fueron suscritos por Alejandro Armenta Peralta, quien desde 2012 se ha desempeñado como abogado y apoderado legal de diferentes negocios de Puente Córdoba. Tienen vigencia de cinco años a partir la fecha de su firma y en ellos se estipula que será hasta diciembre de 2021 cuando entren en operación las plantas procesadoras de leche en Tabasco y Zacatecas.
En tanto esto sucede, hay una cláusula donde se autoriza a Grupo Vicente Suárez 73 S. A. de C.V., a vender a Liconsa leche procesada a través de la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria para este objetivo.
En la documentación revisada por MCCI, consta que Liconsa cuenta con un presupuesto de hasta 806 millones de pesos por año para los servicios contratados con Grupo Vicente Suárez S.A. de C.V., 403 millones por cada uno de los dos contratos suscritos, que empezaron a pagarse desde 2019. Esto es, que para diciembre de 2024 el dinero pagado a la empresa superará los 4 mil millones de pesos.
Según la información recabada, los contratos para la producción y venta de leche no fueron los únicos. Entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó a Grupo Vicente Suárez 3 otros dos contratos para la venta de fruta para su programa de abasto rural. El monto fue de 485 millones de pesos. En total, los contratos con esta firma suman 4 mil 500 millones de pesos.
Cabe recordar que de acuerdo con varios reportajes que en su momento realizó el periódico Reforma, Alejandro Puente Córdoba, se desempeñaba como Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) en enero de 2012; en aquel entonces fue nombrado presidente de Consejo de Participación Ciudadana de la extinta PGR, y desempeñó ambas encomiendas en paralelo.
El diario documentó que en septiembre de 2012, la PGR, encabezada por Marisela Morales, pagó a Puente Córdoba un total de 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión de Grupo Aeronáutico AFA, firma de la que Puente era accionista mayoritario.
En ese mismo año, dicha empresa de aviación se vio inmersa en un escándalo de corrupción que implicó a la Oficial Mayor de la PGR, Guillermina Muñoz Soto. Esta exfuncionaria adquirió una residencia en Jardines del Pedregal valuada en 8.7 millones de pesos, de los cuales sólo 2.2 millones fueron pagados por Muñoz Soto, mientras que la cantidad restante fue saldada por terceros, uno de ellos Grupo Aeronáutico AFA, que desembolsó 3 millones de pesos.
A pesar de ello, Puente Córdoba pudo acceder a un escaño en el Senado de la República en el proceso electoral de 2012, al ser incluido en la lista de aspirantes plurinominales por parte del partido Movimiento Ciudadano, que en aquel entonces formó parte de la coalición Movimiento Progresista que postuló a Andrés Manuel López Obrador.
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