La senadora Lilly Téllez presentó una propuesta de exhorto a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que sean investigados el patrimonio e intereses de René Sánchez Galindo, esposo de Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de Quién es quién en las mentiras de la semana, sección de las conferencias de prensa presidenciales.
Según el documento de la legisladora, Sánchez Galindo es consultor jurídico A en la Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Téllez expone que, según la declaración de Sánchez Galindo de diciembre de 2021, es propietario de siete inmuebles con un valor total de más de 18 millones 480 mil pesos, adquiridos entre 2005 y 2017. Al mismo tiempo, menciona los cargos públicos que ha ostentado entre 2000 y 2021: la de asesor parlamentario en el Senado (2000-2003), en el Congreso de Tlaxcala (2008-2010) y en la Cámara de Diputados (2009-2012), además de secretario de Gobernación del municipio de Puebla (2008-2021).
En la declaración el funcionario de la Presidencia no reporta bienes muebles, aunque en una anterior hecha por el municipio de Puebla sí dijo poseer electrodomésticos por 150 mil pesos.
Lo anterior lleva a la senadora a preguntar: “¿Cómo es posible que haya adquirido esos inmuebles a pesar de que los cargos públicos que ha tenido y la remuneración que ha percibido por ellos, no le alcanzaría para acumular el patrimonio con el que actualmente cuenta?”. Ello, a pesar de que algunos de ellos hayan sido obtenidos por donación.
Por lo anterior y por las irregularidades que se aprecian entre su declaración federal y municipal, Téllez considera que la SFP debe emprender una investigación y, en caso de encontrar actos de corrupción, “debe sancionarse al servidor público por su probable responsabilidad conforme los procedimientos administrativos que correspondan”.
En su documento Téllez recuerda un texto de Roberto Rock, “¿Quién es quién…? La historia de ‘Liz’ Vilchis”, publicado en El Universal el pasado 22 de marzo, en el que se refiere a la riqueza generada por Sánchez Galindo en su paso de activista a asesor presidencial.
Twitter/René Sánchez Galindo
Rock recuerda la amistad que a principios del siglo forjaron Sánchez Galindo y Jesús Ramírez Cuevas, hoy vocero de la Presidencia de la República, en el entorno de José Agustín Ortiz Pinchetti, entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal y hoy titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
También menciona su salto, en 2018, a la secretaría de Gobernación del municipio de Puebla. De esa etapa comenta Rock: “Él reporta que antes de asumir el cargo en la alcaldía tenía bienes por 8.2 millones de pesos, pero en noviembre de 2017 ya acumulaba casi 19 millones, por el valor de cuatro residencias, un departamento y un terreno. Informa también de cuatro cuentas bancarias con montos relativamente bajos. No queda claro de dónde salió su dinero. Una pista remota la ofrecen acaudalados negocios por concesiones públicas en Veracruz por parte de una presunta tía de la señora García Vilchis. Pero esa es otra historia”.
El articulista también menciona las acusaciones contra Sánchez Galindo por lucrar con comerciantes ambulantes y su descuido por fugas de gas en San Pablo Xochimehuacán, en donde hubo un estallido en octubre de 2021.
Como balance del gobierno municipal, Rock dice que la alcaldesa de Morena no se pudo reelegir y Sánchez Galindo perdió la contienda en pos de una diputación federal por el distrito 12 de Puebla.
Tras la derrota en Puebla, la pareja Sánchez Galindo-García Vilchis cayó para arriba: ambos consiguieron trabajo en la Presidencia de la República, nada más ni nada menos.
Sánchez Galindo tiene un sueldo bruto mensual de 102 mil 205 pesos, y neto estimado de 71 mil 32 pesos.
García Vilchis, esposa del viejo amigo del vocero de la Presidencia de la República, es la encargada de Quién es quién en las mentiras desde el 30 junio de 2021. Su sueldo bruto mensual es de 81 mil 34 pesos, y el neto estimado es de 56 mil 318.
La propuesta de punto de acuerdo de Téllez pasó a la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República.
