La despenalización del aborto puede avanzar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acepta la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara de ratificar el amparo de un juez federal para que el Congreso de Veracruz reforme el Código Penal de la entidad y elimine las penas a las mujeres por interrumpir el embarazo, por considerarlas violación a sus derechos humanos.
Según información de Reforma, para respaldar el amparo del juez de Xalapa, González Alcántara alega que “la prohibición total de la interrupción del embarazo —vía tipificación penal— es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”.
El ministro añade que, si se toman en consideración los tratado internacionales de derechos humanos de las mujeres, “las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo durante este periodo”.
En caso de que cuando menos tres de los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN aprueben el proyecto de González Alcántara, se podrían abrir otros juicios para que sean reformados códigos penales de los estados que aún castigan la interrupción del embarazo.
Hasta ahora, sólo en dos entidades de la República es permitido el aborto: en la Ciudad de México (2007) y en Oaxaca (2019).
En marzo de 2018 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó a México realizar “una armonización de la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando la criminalización de la mujer en las entidades federativas respectivas a fin de hacerla compatible con otros derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, con el objeto de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad”.
Según algunas organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de la reproducción, en México se practican anualmente entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos.
Asimismo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2015 y 2019 las carpetas de investigación por aborto aumentaron 16.8 por ciento. El año pasado fueron abiertas 622 procedimientos por interrupción del embarazo.
El proyecto de González Alcántara será discutido el próximo 29 de julio.
