Más de 65% de los cinco mil 714 afectados por el sismo del 19 de Septiembre en la Ciudad de México son mujeres; en el 65.7% de los hogares dañados sólo una persona aporta al gasto y en el 72.9% se perciben de dos mil a 10 mil pesos mensuales, informó el secretario de Desarrollo Social (Sedeso) de la capital, José Ramón Amieva.
Durante la séptima sesión de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, el funcionario presentó los resultados del censo realizado del 22 de enero al 9 de febrero de este año, en el que se realizaron cinco mil 714 entrevistas a damnificados de las 16 delegaciones. Puntualizó que aunque el 64.4% de los entrevistados tienen un dictamen estructural, la tercera parte no se siente segura en su vivienda.
Por otra parte, en relación con la discusión generada en la mesa sobre el presupuesto 2018 para la reconstrucción, dijo que es la Comisión de Reconstrucción la que debe decidir cómo se usarán los 15 mil millones de pesos, y propuso que los diputados de la Asamblea Legislativa y los comisionados se reúnan para acordar el diferendo.
Todo comenzó cuando el comisionado Mauricio Merino comentó su inconformidad con la Asamblea y la Secretaría de Finanzas, porque hasta este martes no se les ha informado sobre el destino de los recursos de la reconstrucción ni quiénes han sido los beneficiados.
“La polémica es con el decreto [de presupuesto de egresos] de la Asamblea de que los recursos serán aprobados por los diputados; hay una preocupación por parte de la Comisión por el conflicto sobre la forma de cómo se han usado los recursos. No hay datos de cómo se ha usado el dinero”.
Merino argumentó que si la Asamblea decide el destino de los recursos, la propia existencia de la Comisión de Reconstrucción queda en entredicho: “Estoy valorando mi salida en la medida de que no tenga sentido participar en la comisión; esta comisión se crea por decreto del Gobierno local, tiene por ley la función de asesorar al Gobierno local, no al Legislativo”.
Hay una diferencia de interpretación, explicó por su parte José Ramón Amieva, “porque la comisión refiere que la Asamblea debe autorizar el ejercicio de los recursos; yo creo que el ejercicio le toca a la comisión, por eso la propuesta es que se sienten la comisión y la Asamblea para generar un acto de autoridad”.
Se trata de establecer algún acto administrativo de consenso, “que trabajemos nosotros medidas alternativas en resolución de conflictos”, pues en caso contrario el diferendo podría llegar hasta la Suprema Corte, comentó el secretario.
(Con información de El Universal)
aml
