Las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano (MC) recolectan firmas en la Cámara de Diputados para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (conocida como Ley 3de3).
En el artículo referido se establece que las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los funcionarios serán públicas cuando éstas no afecten su vida privada (lo cual determinará un comité ciudadano).
Al respecto, el coordinador de los diputados de MC, Clemente Castañeda, explicó que hay una clara contradicción en este artículo pues por un lado sostiene la publicidad de las declaraciones y por otro habla de un “posible daño” a la vida privada de un servidor público.
“El espíritu del artículo 29 es establecer mecanismos de control y supervisión sobre la actuación de los servidores públicos mediante la publicidad de sus declaraciones, cosa que no se cumple con su redacción, por lo que es inoperante e ineficaz, ya que el objetivo de la norma queda sujeto a la condición de la 'posible' afectación de la 'vida privada'”, dijo Castañeda en entrevista para El Universal.
Agregó que hasta el momento han reunido 94 firmas (52 del PRD, 24 de MC, 15 de Morena y tres del PAN), pero que en los próximos días seguirán recolectando ya que para presentar la propuesta a la SCJN se necesitan 166 o 167 firmantes.
mahy
