Un proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara, que será votado el miércoles 9, propone avalar la legalidad de la desaparición del programa Estancias Infantiles, medida ordenada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo el pretexto de que se trataba de un programa corrupto.
González Alcántara fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Fue investido como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de diciembre de 2018, a pocos días de iniciado el sexenio actual.
Desde hace tiempo ha sido cercano del actual presidente, ya que encabezó el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México cuando el morenista era jefe de gobierno de la CDMX y mostró su apoyo durante el litigio que derivó en el proceso de desafuero de AMLO.
Ante la controversia promovida por el gobierno municipal de Parral Chihuahua, contra la cancelación del programa, González Alcántar presentó un proyecto de sentencia para discutir el tema en la Primera Sala de la Corte y desechar dicha controversia al declararla “infundada”.
De votarse a favor de la improcedencia de la controversia, cientos de amparos interpuestos por padres de familia afectados por la cancelación del programa serán cancelados, a menos que se decida analizarlos uno por uno.
La intención de los amparos y de la controversia constitucional es obligar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a reponer el programa, que ofrecía cuidados y educación a miles de niños, hijos de madres trabajadoras.
La desaparición del programa fue sustituida por la entrega de apoyos monetarios directos, pensados, según el gobierno, para que las familias pagaran una estancia de su elección, pero el monto de dichos apoyos es del todo insuficiente y además, no obliga a las familias a demostrar que esos recursos se gastan en la educación de los niños.
En julio pasado, el análisis de la controversia quedó detenido por decisión de la propia SCJN, pero el poder Ejecutivo, por medio de su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, solicitó dar prioridad a solucionar la controversia.
En respuesta, el ministro González Alcántara elaboró un proyecto de sentencia a discutir en la Primera Sala, en el que se rechazan los argumentos del municipio de Parral y declara como legales–de acuerdo a su interpretación de la Constitución–tanto la desaparición del programa como su reemplazo por el programa de apoyos directos, llamado Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños de Madres Trabajadoras.
De ser aprobado el proyecto del ministro, se podrían dejar sin efecto los amparos interpuestos por padres de familia y por los titulares de las estancias. De momento, las estancias que se han amparado siguen recibiendo los recursos que les otorgaba el programa cancelado, consistentes en 950 pesos mensuales por niño inscrito.
