El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ordenó una auditoría de la gestión de Yeidckol Polevnsky para indagar el destino de más de 619 millones de pesos que presuntamente fueron gastados en la adquisición de cinco inmuebles y en obras.
De los inmuebles referidos (que incluye uno ubicado en Hamburgo 64, en la colonia Juárez, en el que se proyecta que sea la sede del partido) aún se tienen adeudos por 191 millones por pagar. El gasto hecho fue por 619 millones 305 mil pesos.
Pese a que se ha llamado a Polevnsky a explicar la situación a la nueva dirigencia de la organización, no ha accedido a hacerlo. Por ello, Ramírez Cuéllar envió un documento a la instancia correspondiente del partido “para que indague y, en su caso, sancione si es que se emitieron actos que estime violatorios del Estatuto de Morena, en cuanto a las funciones de cada secretario sobre la contratación y pagos referidos”.
La investigación dará lugar a determinar, si fuera el caso, que se castiguen de forma interna las faltas en las que habría incurrido Polevnsky e incluso, a que se denuncien delitos si a eso llegara la indagatoria y la opinión de un grupo de especialistas.
En ese documento también se señala que más de 50 por ciento de las propuestas de edificios para compraventa en la gestión de Polevnsky fueron hechas por Enrique Borbolla García, de Grupo Empresarial EBOR y sin contar con la anuencia de la secretaría de Finanzas del partido.
Las denuncias del Comité Ejecutivo Nacional se encuentran ya en manos de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, encabezada por Héctor Díaz-Polanco, quien ha reconocido la gravedad del problema.
A esa investigación se suma también la denuncia del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, quien afirma que la exdirigente nacional de Morena pretendió adquirir en Puebla un inmueble para oficinas del partido con costo de 34 millones de pesos. Quien suspendió esa compra fue el delegado del CEN de Morena en Puebla, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, debido a que esas prerrogativas son para trabajo político, no para la adquisición de inmuebles.
