Un grupo de funcionarios y políticos de Morena manifestaron su inconformidad porque el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en cumplimiento de las leyes en materia electoral, les hayan ordenado no organizar y ni acudir a actos de proselitismo adelantado, lo que usan de pretexto para promover la reforma electoral.
Este viernes se dio a conocer en redes sociales un desplegado titulado “Por la defensa de las libertades y la democracia”, en el que 21 gobernadores, entre ellos cuatro electos, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, seis funcionarios federales, ocho legisladores (entre ellos los coordinadores de las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado de la República) y ocho dirigentes de ese partido se quejan de que tanto el INE como TEPJF les haya sancionado por sus abiertas actividades proselitistas realizadas en Toluca, Estado de México, y en Francisco I. Madero, Coahuila, en junio pasado.
Según los políticos morenistas (funcionarios y dirigentes), el pasado 19 de julio la Comisión de Quejas y Denuncias del INE les ordenó abstenerse de realizar eventos proselitistas como los ocurridos en el Estado de México y en Coahuila, y les pareció extraño que el mismo día el Tribunal, en votación dividida, haya confirmado esa medida. Pero no fue así: con anterioridad, el 5 de julio, frente a denuncias de otros partidos, la Comisión del INE emitió la medida cautelar, que fue impugnada por morenistas ante el órgano jurisdiccional, que en el Pleno de su Sala Superior ratificó la sanción del INE, y después este, en cumplimiento de la decisión de la Sala Superior, sancionó a otros miembros del partido gobernante que participaron en los hechos.
Tanto abstenerse de realizar actos proselitistas como el retiro de publicaciones en redes sociales sobre ellos hechas en redes sociales les parecen a dirigentes y funcionarios morenistas (entre estos Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Layda Sansores y Zoé Robledo) una medida “claramente excesiva y violatoria de las libertades y garantías individuales de quienes participamos en dichos eventos, pues restringe de manera arbitraria nuestros derechos políticos y civiles de reunión, asociación, manifestación, difusión de las ideas y afiliación política consagrados en la Constitución”.
Sin embargo, las libertades como las garantías a las que apelan los morenistas están sujetos a las normas establecidas tanto en la Constitución como en la legislación en materia electoral, que son las que aplicaron tanto el INE como el TEPJF.
Pero los morenistas usan en su desplegado la coartada de sus “asambleas informativas” para llamar a cambiar la legislación en la materia: “El hecho de que se nos impida participar, convocar y organizar eventos públicos y asambleas informativas de Morena, evidencia una parcialidad inadmisible y confirma la urgente necesidad de impulsar una Reforma Electoral que garantice una democracia plena y evite cualquier regresión autoritaria en México”.
Sin embargo, el Tribunal dejó muy claro en qué consiste el carácter proselitista de los actos de Morena, que no es el de ser meramente “informativos”: “Sí se actualiza la posible incidencia en los procesos electorales de Coahuila, del Estado de México y el federal, con su participación activa [de los servidores públicos] en diversos eventos en los cuales manifestaron su intención de dar continuidad en el gobierno y posicionar a Morena”.
Y para dictar la medida cautelar, el TEPJF consideró que la Comisión de Quejas del INE “sí valoró la posibilidad de que la conducta ilícita se repita, al tomar en cuenta un evento denunciado con anterioridad y la actitud de las personas denunciadas frente a las infracciones denunciadas, lo que podría generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios”.
A continuación, y de forma totalmente acorde con el discurso presidencial, frente al asunto legal, los políticos morenistas y afines (entre ellos Cuauhtémoc Blanco, Miguel Barbosa, Ricardo Gallardo y Cuitláhuac García) señalan en su documento que “el bloque conservador está desesperado” por el apoyo de la gente al presidente, al partido y al movimiento.
“Dado que no hay proceso electoral alguno en marcha, rechazamos haber incurrido en actos anticipados de campaña y reprobamos que, una vez más, las autoridades electorales actúen abiertamente en contra de Morena y de nuestra vida democrática en general”, afirman los morenistas en su desplegado.
Justamente lo que señaló la Comisión de Quejas y Denuncias del INE es que fuera del proceso electoral no se pueden hacer pronunciamientos proselitistas como los que hicieron los políticos morenistas en sus actos tanto en el Estado de México como en Coahuila (donde, no casualmente, habrá elecciones el años próximo), ni tampoco en publicaciones en redes sociales a propósito de ellos. Sí los pueden hacer cuando esté en marcha la contienda electoral, no antes, como sí lo hicieron en ambas ocasiones varios funcionarios y dirigentes de Morena.
En el cierre del desplegado los morenistas señalan que seguirán luchando por su “proyecto histórico”, “al amparo de nuestros derechos constitucionales”.
Cabe también mencionar que entre los firmantes del documento de los morenistas está el senador Ricardo Monreal, quien, tras el acto en el Estado de México (al que no acudió por no haber sido invitado) les advirtió a sus compañeros “corcholatas” que “cuiden la ley”, y sobre su propio caso había dicho que “no es un momento de iniciar anticipadamente campañas o precampañas, porque la Constitución y la ley no me lo permiten”.
No está de más mencionar, como antecedente muy reciente, que por un desplegado similar de gobernadores morenistas y afines durante el proceso de revocación de mandato, el pasado miércoles la Sala Superior del TEPJF determinó que esos políticos violaron la ley al hacer propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
