Luego de que AMLO, por mediación de la Consejería Jurídica de la Presidencia, presionó “respetuosamente” a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para que resolviera una acción de inconstitucionalidad pendiente desde 2018, ella respondió que “no es factible”.
Ayer, la Consejería informó que pidió a la SCJN que antes de resolver las impugnaciones en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social aprobadas por Morena, resuelva la propia promulgación de dicha ley, que Morena impugnó en 2018.
En comunicado de prensa, la SCJN informó que “por unanimidad” se resolvió que “no es factible atender la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respecto a la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y acumuladas”.
Refiere que la ministra Norma Piña sometió a consulta entre los integrantes del Pleno la petición de “no resolver” la mencionada impugnación “en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018”.
La petición no se puede atender “ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con carácter de electoral”.
Agrega que se determinó que el análisis “no provocará el dictado de sentencias contradictoria ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos distintos a los controvertidos en 2018”.
Cierra diciendo que adicional a lo anterior, el proyecto de 2018 no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.
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