Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que un recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación podría detener al avance en la implementación del sistema penal acusatorio y la defensoría pública cuando crece su demanda.
El pasado jueves, en su intervención en un encuentro con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y en el marco de la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo, la ministra destacó que la independencia judicial se debe reflejar en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de los jueces, sin riesgos para la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, no tampoco su profesionalización.
En ese sentido, dijo que actualmente en México el Poder Judicial enfrenta el problema de la adecuada y suficiente asignación presupuestaria que es indispensable para atender el incremento de la demanda de justicia federal registrado en el último lustro.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”.
Esto fue dicho por Piña Hernández en medio del discurso estigmatizador contra el Poder Judicial emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también por Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, contra los presuntos derroches de ministros, magistrados y jueces, especialmente a partir de resoluciones que contradicen los caprichos del gobierno federal.
