A cuatro años y cinco meses de gestión, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores ha ocultado los resultados de las auditorias practicadas a su gobierno, aun cuando tiene la obligación legal de publicarlas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de la cual es responsable la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En una búsqueda realizada por el diario El Universal, se detectó que el gobierno de Campeche no ha hecho pública desde 2021, ninguna auditoría a las diferentes dependencias que conforman la administración estatal como las secretarías de Seguridad Pública, Bienestar o Medio Ambiente, así como la Consejería Jurídica, entre otras. Asimismo, cuando se trata de hacer alguna consulta manda a links sin contenido alguno.
En el caso de la Fiscalía Estatal de Campeche, aun cuando es autónoma, tampoco cuenta con ninguna auditoría consultable, desde 2021. Aunque, en teoría, se abrieron algunos expedientes sobre las auditorías en los ejercicios 2024 y 2025, ninguno de esos apartados contiene información. Por lo que respecta a los ejercicios de 2021 a 2023, arrojan páginas en blanco en la parte de las auditorías en todos los trimestres.
La Consejería Jurídica, dependiente del Ejecutivo estatal, tampoco ha publicado ningún resultado de auditorías; hasta enero de 2025 dicha instancia estuvo encabezada por Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien se separó del puesto para participar en la elección judicial y ahora ocupa el cargo de magistrado presidente del Poder Judicial en Campeche
En otros casos, como el de la Secretaría de Administración y Finanzas, el gobierno de Layda Sansores publica información falsa, pues en las auditoría disponibles en la PNT, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023, aparece la leyenda: “No se detectaron irregularidades que dieran lugar a observaciones” y por lo tanto, concluye que la secretaría está haciendo un buen uso de los recursos públicos.
Pero en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen otros datos. Según dicha instancia se detectaron faltantes de dinero en los recursos destinados a algunos programas como el de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, para el cual también se reciben recursos federales. La ASF documentó que de los 19 millones 796 mil pesos que recibió Campeche no se pudo comprobar la inversión de 8 millones 143 mil pesos, que representan 41.1% del total.
“En el ejercicio de los recursos, el estado infringió la normativa, principalmente en materia de obra pública, que generó un probable daño al erario”, se indica en el informe de la ASF.
Con casos como los anteriores, el gobierno de Sansores San Román incumple con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que en su artículo 65, dice expresamente que todos los sujetos obligados —federales y estatales— deben hacer públicos los informes de resultados de las auditorías que se les practiquen.
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