Los responsables de las desapariciones en México son la delincuencia organizada y funcionarios, lo que ocurre en un marco de impunidad y con un enfoque militarizado de la seguridad pública, señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, que señala que ese delito en nuestro país es “el paradigma del crimen perfecto”.
Producto de la visita de cuatro miembros del Comité entre el 15 y el 26 de noviembre del año pasado, quienes se entrevistaron con autoridades, organismos autónomos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, hoy fue presentado el informe respectivo.
En ese documento se establece que las desapariciones forzadas son cometidas por agentes públicos federales, estatales y municipales, así como la delincuencia organizada, que ha contado con la connivencia y hasta participación u omisión de servidores públicos.
Hasta el 26 de noviembre el Comité registraba 95 mil 121 personas desaparecidas en México, tan sólo 112 reportadas en los días que duró su visita. Entre las principales características del fenómeno en México es que mayoritariamente afecta a hombres de entre 15 y 40 años, aunque ha habido un aumento de niños, adolescentes y mujeres.
Una anotación interesante acerca de las desapariciones es que hay una “estrecha relación” entre su aumento y el comienzo de la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, cuando fueron militarizadas las funciones de seguridad pública, la que se ha agudizado en los siguientes gobiernos.
Sobre las razones de las desapariciones, señala el informe: “Si en la segunda mitad del siglo pasado las desapariciones se caracterizaron por ser principalmente mecanismos de represión política cometidas por agentes del gobierno y las fuerzas armadas cuyas víctimas eran mayoritariamente grupos sociales de oposición, a partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas”.
Pero el Comité advierte con mucha claridad que la militarización, que se ha profundizado durante el actual gobierno, ha resultado insuficiente e inadecuada para proteger los derechos humanos. Por ello insta al gobierno mexicano a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública, y le recomienda fortalecer las fuerzas civiles del orden y a retirar las fuerzas militares de esas tareas.
Otro aspecto grave que señala el informe es la impunidad de los responsables de desapariciones: únicamente entre el 2 y el 6 por ciento de los casos han sido judicializados, con sólo 36 sentencias. También señala la actitud incluso pasiva de las instituciones judiciales.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. La impunidad, además, opera como factor de revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas”, indica el informe, por lo que considera que el combate contra la impunidad de las desapariciones en México es “impostergable”.
Entre las víctimas de desaparición los que más llamaron la atención del Comité fueron los defensores de derechos humanos, periodistas (registra 30 entre 2003 y 2021, ninguno localizado) y migrantes.
Para el Comité, la crisis forense en México también es otro problema: hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en fosas comunes, servicios forenses y hasta universidades.
Además, no se ha implementado el Plan Nacional de Búsqueda para realizar investigaciones, por lo que el Estado mexicano debe brindar apoyo humano y financiero a la Comisión Nacional de Búsqueda y a sus similares locales, además de establecer la coordinación sistemática con las instituciones relacionadas con esa actividad.
En su conclusión, el informe llama a dar respuesta a las cuestiones que plantea, “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto”.
