Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó a las autoridades mexicanas a rechazar la reforma que aumenta los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa porque contraviene principios esenciales de derechos humanos.
El pasado 13 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó, con 335 votos a favor y 108 en contra, una modificación al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa para que los jueces la apliquen en casos de extorsión, de tráfico de precursores y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. También se incluyeron el contrabando y la expedición de falsos comprobantes fiscales.
La ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se hizo a propuesta del gobierno mexicano y del oficialismo, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano por la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
Türk se manifestó al respecto: afirmó que la prisión preventiva automática “contraviene principios esenciales de derechos humanos”. Además, aclaró que la prisión preventiva no debe ser una práctica general, “sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”.
El comisionado de la ONU reconoció que México atraviesa problemas de seguridad y acceso a la justicia, para los cuales la prisión preventiva oficiosa “no es la respuesta”, por lo que consideró que lo importante es “enfocarse en fortalecer la capacidad de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva ante una autoridad judicial caso por caso, considerando alternativas a la privación de la libertad”.
En esa dirección, Türk llamó a las autoridades mexicanas a detener la iniciativa de ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para “garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia derechos humanos”.
El Alto Comisionado también reconoció algunos avances de México en materias como derechos de las mujeres, igualdad de género y derechos de pueblo indígenas y afromexicanos, pero también se refirió a diversos aspectos de la reforma judicial (elección de juzgadores, creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, “jueces sin rostro”), disposiciones que, en conjunto, “corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de derecho”.
Tras la aprobación que los diputados hicieron a la ampliación del catálogo de casos de prisión preventiva oficiosa la minuta pasó al Senado de la República, donde fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
No debe dejar de mencionarse que entre las grandes defensoras de la prisión preventiva oficiosa en México se cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, durante su campaña electoral, en mayo, incluso recriminó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pudiera echarla atrás, y arguyó que era porque “60 mil delincuentes saldrían de la cárcel”.
