Frente a amenazas graves e inminentes contra un periodista, el gobierno tiene el deber de protegerlo, afirmó la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humano (ACNUDH) al comentar el caso de Azucena Uresti. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los hechos y urgió a fortalecer los mecanismos de protección y evitar consecuencias trágicas.
Según información de Proceso, cuestionada sobre las advertencias que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes, presuntamente hizo en un video contra la periodista y tres medios (Milenio, Televisa y El Universal), Ravina Shamdasani, cocera de la ACNUDH, recordó la obligación de los Estados para garantizar la labor de los periodistas.
“Es deber del Estado garantizar la libertad de expresión de los periodistas. Esto incluye asegurar la capacidad de los periodistas para que puedan seguir haciendo su trabajo’’, explicó Shamdasani.
Además de recordar que la oficina en México ha estado atenta a las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos en México, la vocera del organismo destacó que el gobierno debe asegurar la protección de los periodistas.
“Cuando hay amenazas graves e inminentes contra un periodista en particular es deber del gobierno hacer todo lo posible y tomar todas las medidas necesarias para asegurar la protección del periodista’’, dijo Shandasani.
Por otra parte, la SIP también condenó las amenazas contra Uresti y los tres medios de comunicación y llamó al gobierno a reforzar los mecanismos de protección correspondientes.
El presidente y el encargado de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Jorge Canahuati y Carlos Jornet, respectivamente, señalaron que, más allá de las declaraciones gubernamentales para proteger a los amenazados, “es urgente que se dote al sistema de protección de los recursos económicos y profesionales para que pueda operar con eficiencia”.
Además, pidieron que se active el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que “se puedan evitar consecuencias trágicas”.
