El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá ser investigado por su probable responsabilidad en la comisión de promoción personalizada con uso de recursos públicos por medio del grupo de funcionarios llamados “Servidores de la Nación”, encargados del Censo del Bienestar, resolvió el TEPJF.
Por cinco votos a favor y dos en contra, entre estos últimos el del magistrado presidente del Tribunal, José Luis Vargas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que se retome el caso, sobre el que en 2019 se falló que AMLO no incurrió en violaciones a la ley.
En sesión realizada este 31 de marzo, se ordenó a la Sala Especializada del TEPJF investigar si el presidente, la entonces titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores y el coordinador de Programas para el Desarrollo de dicha dependencia incurrieron en alguna falta por las acciones realizadas por dichos promotores.
En 2019, la Sala Especializada había determinado que no había responsabilidad, pero en la sesión de este jueves la Superior revocó dicha sentencia y ordenó un nuevo análisis, esto, a partir de una queja interpuesta en agosto de ese año por el Partido de la Revolución Democrática.
El PRD denunció que mediante los Servidores de la Nación el gobierno federal opera un “ejército electoral” que recoge datos de beneficiarios de los programas sociales, con la finalidad de promover el voto, bajo la amenaza expresa o velada de que si se vota por un partido distinto a Morena, los apoyos desaparecerán.
Los Servidores de la Nación, según la denuncia del PRD, operan en asociación con los representantes de la Secretaría del Bienestar en los estados, también llamados “superdelegados”. De hecho, en diciembre de 2019, el TEPJF ya había determinado determinó que 14 superdelegados, 21 subdelegados y ocho promotores incurrieron en faltas legales al promover al presidente.
Pero no se había llegado a un nuevo proyecto de sentencia para analizar la responsabilidad de altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República. De acuerdo con el magistrado ponente, Reyes Rodríguez, la sentencia de 2019 “no expuso criterios jurídicos ni analizó posible responsabilidad de altos funcionarios”.
El nuevo análisis deberá tomar en cuenta que el Censo del Bienestar se realizó, en algunas localidades, en un contexto pre electoral y que por lo tanto, pudo haber afectaciones a la equidad de la contienda, toda vez que los Servidores, según se documentó, se presentaron en algunos casos como enviados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y/o en otros, con el nombre del presidente en algunos de sus distintivos.
A favor del proyecto del magistrado Rodríguez votaron a favor cinco magistrados, y dos en contra: José Luis Vargas (quien ha sido señalado por dar fallos favorables a la Cuarta Transformación) y Mónica Soto. Ambos dijeron que no había indicios ni siquiera para revisar la probable responsabilidad de AMLO, la secretaria Albores y otros altos funcionarios.
