Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el gobierno federal no llegaron a ningún acuerdo respecto al mecanismo del seguimiento propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al término de la reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, afirmó que el Estado “regatea” algunos de los detalles del mecanismo.
“Tal parece que el gobierno de México le apuesta al tiempo y sigue en el regateo, como si la vida de los jóvenes no tuviera valor para ellos principalmente para la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la instancia que más obstáculos ha puesto para los acuerdos”, expuso Rosales en entrevista para Milenio Diario.
“A pesar de que insista (la SRE) en frenar el mecanismo los padres seguiremos insistiendo en el establecerlo. Avances en lo medular no hubo, eso preocupa, pero sabemos que en la CIDH se pueden culminar los acuerdos, para que nos den certeza de que las investigaciones se llevarán con la verdad”.
El litigante refirió que el desacuerdo principal aún es el número de visitas de la Comisión, cuánto tiempo durarán y el equipo operativo que necesitan los comisionados para realizar el seguimiento del caso Iguala.
“El Estado propone que sólo haya dos visitas y nosotros proponemos y respetamos lo que la CIDH estableció dos visitas cada mes y la propuesta en la que cedemos es que sea de agosto a marzo, pero tampoco hay acuerdo”, señaló.
“En el equipo operativo técnico sin acuerdo, porque queremos que las visitas sean por tiempo ilimitado y estancia pertinente de acuerdo al trabajo, el Estado regatea y quiere limitar las visitas y que sea en coordinación con éste”.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos, refirió que uno de los puntos que ya está acordado es el equipo operativo y el acceso a la información, aunque precisó sobre este último punto que será “siempre en el contexto del marco legal de las leyes mexicanas”.
mahy