Por orden de un juez, la Procuraduría General de la República (PGR) debe indagar dentro de un cuartel militar la desaparición forzada del civil Juan Flores Solorio, cometida por militares adscritos a la base de Pénjamo, perteneciente al Octavo Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento de Irapuato.
El juez Noveno de Distrito de Guanajuato ordenó a la PGR realizar una investigación efectiva luego de que se detectaran varias irregularidades en el proceso, entre ellas, la de averiguar el delito de privación ilegal de la libertad y no desaparición forzada.
La sentencia de amparo, que obliga a las autoridades federales a registrar la base militar, también determina que la Procuraduría no podrá dar por concluida la investigación hasta que se localice con vida a Flores Solorio o se encuentren sus restos (debidamente identificados).
La noche del 25 de noviembre de 2015 varios militares del regimiento señalado entraron a hurtadillas a la casa de la víctima, sin que existiera orden de cateo o sin que hubiera algún delito que perseguir, para detenerla y llevarla a la dirección de Seguridad Pública de Pénjamo acusado de vejar a los soldados (supuestamente les dijo groserías).
Siete horas después, siendo ya el 26 de noviembre, Juan Flores Solorio salió de las instalaciones de la SSP y caminó hacia Insurgentes sobre la calle Siglo XXI, vialidad por la que también circulaba una camioneta militar con las luces apagadas, según consta en las cámaras de seguridad.
Este fue el último momento en que se tuvo noticia del desaparecido por lo que el juez consideró que hay pruebas suficientes para acreditar que los soldados son presuntos responsables de la desaparición forzada.
“Con las grabaciones de las cámaras de seguridad pública y las entrevistas de los militares se acreditó que elementos del Ejército mexicano detuvieron al quejoso cuando salió de los separos municipales y hasta la fecha no se tiene noticia de su paradero”, dictaminó el juez de acuerdo con el reporte de Milenio Diario.
mahy
