La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su preocupación de que la Ley de Seguridad Interior abra la puerta para que se vulneren los derechos y libertades consagradas en la Constitución al aplicar condiciones de excepción que pondrían en riesgo la convivencia democrática de la sociedad mexicana.
En un comunicado, el organismo señaló que si bien es respetuoso de la decisión presidencial de no ejercer la atribución que le confiere el artículo 72 Constitucional para formular observaciones a la citada legislación, lamentó que se dejara pasar la oportunidad de convocar a un debate incluyente e informado donde se escucharan las voces de especialistas, organizaciones y académicos, nacionales e internacionales.
“Su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional”, se indica en el documento.
Para la CNDH, la ambigüedad en la redacción de algunos de sus artículos implica que los alcances de la Ley de Seguridad Interior trascienden el ámbito de la seguridad de las personas y permite que se recurra a la intervención de las Fuerzas Armadas en prácticamente cualquier tipo de actividad considerada como una amenaza a la paz pública, sin que existan parámetros concretos para determinar esta condición.
En consecuencia, y por considerar que la Ley de Seguridad Interior es violatoria de la Constitución, la CNDH hará uso de sus atribuciones legales para interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la plena confianza de que el máximo tribunal del país ejerza a plenitud su función como garante del estado de derecho en México.
Los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país deben abordarse en forma integral, no sólo privilegiando el aspecto punitivo, sino fortaleciendo la prevención y la profesionalización de las policías civiles, facultadas por la Constitución para las funciones de seguridad.
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