La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) presentó una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, al considerar que representa un grave riesgo para la información de las víctimas de violaciones a sus garantías fundamentales, con lo que suman ya siete las impugnaciones que acumula dicho ordenamiento.
Las otras inconformidades contra la Ley de Seguridad Interior hasta el momento presentadas son de la defensoría de derechos humanos de la capital (CDH-CDMX); senadores de oposición; diputados federales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); así como José Juan Espinosa, presidente municipal de San Pedro Cholula, Puebla.
Al igual que su homólogo de la Ciudad de México, el organismo oaxaqueño acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN a demandar la invalidez de la obligación contenida en la ley objetada, de que los órganos autónomos entreguen información a las Fuerzas Armadas o a la Secretaría de Gobernación, en labores de inteligencia para efectos de la Seguridad Interior.
El escrito fue presentado por el consejero de la DDHPO, Bernardo Rodríguez, quien afirmó que esta obligación implica un grave riesgo para la seguridad de las víctimas que atiende la Defensoría. Además, ello impide al organismo cumplir con su obligación de proteger los datos personales de las personas, lo que incluso implica una invasión de competencias.
La CDH-CDMX presentó su queja debido a que la Ley de Seguridad Interior contiene un precepto transitorio que obliga a los organismos constitucionales autónomos a entregar datos personales, lo que considera el organismo que invade la competencia del ombudsman capitalino.
La queja de los senadores trata sobre la presunta violación de “11 artículos de la Constitución y ocho de la Convención Americana de los Derechos Humanos; estamos argumentando que no se tienen facultades en el Congreso para legislar en materia de seguridad interior, pero también estamos señalando puntualmente la violación en materia de derechos humanos y en materia de transparencia”, detalló Luis Sánchez, del PRD.
El grupo de senadores incluye a Manuel Bartlett, coordinador del Partido del Trabajo en esa cámara; Luis Sánchez y Ernesto Ruffo, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes argumentan que con esta ley se le dan facultades “metaconstitucionales” a las Fuerzas Armadas y al Presidente. Los legisladores son acompañados también por sus colegas Angélica de la Peña, Zoé Robledo, del PRD, y la independiente Martha Tagle, insistieron que hay excesos por parte del gobierno federal respecto al tema en cuestión.
Por la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, acudió también a la SCJN al considerar que ésta vulnera derechos y libertades básicas.
La primera controversia constitucional fue del alcalde de San Pedro Cholula, Puebla, quien argumenta que la ley afecta la autonomía del municipio. Posteriormente, el edil denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) canceló el convenio que tenía para tareas de vigilancia y fueron retirados los elementos castrenses.
(Con información de El Universal y Excélsior)
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