El “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum fue presentado este martes en la mañanera con el objetivo declarado de “reducir los privilegios” y los costos electorales.
Tanto la presidenta como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hicieron sendas presentaciones de esta iniciativa, que ya amarró el apoyo del PT y del PVEM.
Esta propuesta “tiene reforma constitucional, y posteriormente su reforma legal. También incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, dijo Sheinbaum.
Dijo que “ya no se pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparente en todos los recursos”, mediante mecanismos de fiscalización.
Sheinbaum añadió que “vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que los partidos políticos no deben destinar tantos recursos. No se debe destinar tantos recursos a los partidos”.
Por su parte, la titular de Segob dijo que el proyecto tiene como “principio fundamental disminuir los privilegios, excesos en el ejercicio de la función pública; mantenemos el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la cuarta transformación, que es la austeridad republicana, se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”.
En este sentido se señala la obligación de los dirigentes de partidos de transparentar sus remuneraciones y le pone un tope a los ingresos equivalente a mil 500 UMAs.
Y en referencia a los consejeros electorales, tribunales y funcionarios de organismos estatales electorales, dijo que “nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta, no puede ser gobierno rico con pueblo pobre”.
Tal como lo dijo en días anteriores Sheinbaum, Rodríguez señaló que se reducirá el número de regidurías en los municipios, que será de un máximo de 15 funcionarios y de un mínimo de siete.
Otro punto es la reducción del presupuesto a los congresos locales, que tendrán un tope del 0.7% del presupuesto de egresos de cada estado.
Se plantea con ello generar ahorros que, dijo, “serán utilizados en obra de infraestructura pública de los municipios y las propias entidades federativas”.
En la reforma se plantea la posibilidad del cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato, que no queda fija para el cuarto año de gobierno, sino que se abre la posibilidad de realizarse el tercer año también.
En materia de fiscalización a los partidos se establece la obligación de que éstos reporten en tiempo real sus ingresos y egresos mediante un sistema bancarizado.
“El INE podrá firmar un convenio con la UIF, con Secretaría de Hacienda, y en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación de una campaña”, dijo Rodríguez.
Como en la anterior reforma, la que fue rechazada, se prohíbe el uso de recursos de “origen ilícito” o no comprobable, pero no se menciona expresamente al crimen organizado, como ha exigido la oposición.
También se prohíbe recibir dinero en efectivo y recursos del extranjero.
Además, se prohíbe el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable en campañas, así como la recepción de financiamiento del extranjero y aportaciones en efectivo, como se planteaba en la reforma que fue rechazada.
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