La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que la gobernadora Layda Sansores debe ser inscrita en el Registro de Sujetos Sancionados por Violencia Política de Género, aunque no determinó aún por cuánto tiempo. Asimismo, se negó a exigirle presentar disculpas públicas en la página del gobierno estatal.
En la sesión general de este miércoles, el TEPJF analizó varios asuntos relacionados con la denuncia presentada por diputadas del PRI contra Layda Sansores, por declaraciones violentas en su contra emitidas desde el programa el Martes del Jaguar en 2022.
También se analizó el papel de diversos medios de comunicación que replicaron las declaraciones de Sansores, de los que se consideró que actuaron en cumplimiento de su labor periodística.
El pasado 30 de mayo la Sala Especializada dictaminó diversas sanciones en contra de Sansores, una de ellas la inscripción al mencionado registro durante cuatro años y seis meses. La gobernadora morenista presentó impugnaciones, lo que derivó en el proyecto votado este miércoles.
El proyecto a analizar propuso confirmar “la necesidad de inscripción de la gobernadora de Campeche en el Registro de Sujetos Sancionados por VPG”, al encontrar que efectivamente existió violencia política de género contra diputadas del PRI por parte de la gobernadora.
El Pleno instruyó a la Sala Especializada valorar nuevamente el lapso en que Sansores deberá estar inscrita.
“Esta Superior considera que la Sala Especializada no ponderó adecuadamente el plazo de permanencia de la gobernadora de Campeche en el Registro de VPG, pues omitió valorar aspectos fundamentales como el contexto en que se cometió la conducta infractora, el tipo de violencia, la sistematicidad, el grado de afectación que generó o la intencionalidad de la conducta”, dijo.
Asimismo, se rechazó por mayoría exigir que Sansores presente disculpas públicas y otras medidas reparatorias, al señalar que ya se le exigieron medidas reparatorias por otra vía y no es dable sancionar dos veces la misma infracción.
Se recordará que el año pasado Layda Sansores difundió abundante material obtenido del celular del líder del PRI Alejandro Moreno y que, en ese contexto, aseguró que se había encontrado fotografías íntimas de diputadas de ese partido. Agregó que algunas de ellas recibían dinero a cambio de favores por parte de “Alito”.
Durante la sesión se recordó que se analizaba un proyecto sobre “violencia política de género en perjuicio de diversas diputadas y exdiputadas federales del PRI, con motivo de expresiones realizadas por parte de la gobernadora de Campeche en el programa denominado Martes del Jaguar, así como su réplica y comentarios de la misma a través de redes sociales y medios de comunicación digitales”.
El proyecto propuso confirmar “la comisión de la violencia política de género atribuida a la gobernadora de Campeche” conforme a lo resuelto en un juicio anterior en 2022.
Se pedía también “confirmar las medidas de reparación impuestas, las vistas ordenadas a distintas autoridades y la necesidad de inscripción de la citada mandataria estatal en el Registro de Personas Infractoras”.
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