El Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) erogó en 2020 más de 120 millones de pesos, equivalentes a la cuarta parte de su presupuesto anual para nómina, en la adquisición de teléfonos celulares destinados a 32 mil jóvenes becarios que prestan sus servicios en comunidades marginadas, en varias de las cuales ni siquiera hay señal para usar los aparatos.
La compra de estos dispositivos no se realizó conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, sino que se hicieron los depósitos de dinero a las cuentas personales de los beneficiarios para que éstos adquirieran los celulares con un proveedor específico, el cual solo les ofrecía cuatro modelos para elegir.
De acuerdo con información recabada por Reforma, Conafe depositó 3 mil 764 pesos a cada uno de los becarios con la condición de que éstos, a su vez, los depositaran a la cuenta de la empresa Amigo Vial, que los proveería de los teléfonos. Asimismo, tenían que subir a una copia del comprobante a un chat de WhatsApp que se habilitó para este propósito.
Los modelos a elegir eran los siguientes: Lanix LTE ILIUM, Motorola LTE XT 1920 18 Moto E5 Play, ZTE LTE Blade V9 Vita y Alcatel LTE 5026, mismos que se entregaron a los beneficiarios en calidad de préstamo hasta la finalización del ciclo escolar. Conafe también les advirtió que para poderse quedar con los celulares ellos deberían pagarlos de su bolsillo en caso de que presentaran algún daño.
En algunos mensajes del chat consultados por Reforma, los jóvenes señalaron que los teléfonos no funcionaron para los objetivos establecidos por la institución porque no tenían capacidad o porque en las comunidades donde laboraban no cuentan con servicio de telefonía o de internet
Frente a las denuncias sobre este procedimiento irregular, realizadas desde diciembre pasado, Conafe emitió un comunicado para justificarlo. Adujo que la compra de los equipos tuvo como objetivo brindar de herramientas a los becarios para cumplir con su labor. Asimismo, rechazó los rumores de que el esquema empleado tuviera como finalidad el lavado de dinero. Sin embargo, no aclaró el destino de los teléfonos que fueron devueltos por los jóvenes una vez concluida su encomienda, ni del dinero que dieron aquellos que decidieron quedarse con el aparato.
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