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Son muchas las instituciones que se han creado en el pasado reciente, que son motivo de satisfacción y orgullo. En perspectiva, uno de los mayores logros ha sido erigir una institucionalidad para dirimir civilizadamente la competencia por el poder a través del voto. El tránsito hacia autoridades electorales independientes ha sido un proceso gradual y consistente. La creación del IFE fue un paso significativo, y más la reforma de 1996 que le dio autonomía plena. Fue un aprendizaje exitoso. El arribo del gobierno dividido en 1997 y la alternancia en la Presidencia en 2000 fueron eventos que mostraron la confiabilidad de los órganos electorales.

El IFE/INE ha sido una creación genuinamente mexicana. Sus virtudes son ejemplares, pero sus debilidades no son menores, aunque no necesariamente atienden a quienes le integran, sino a las insuficiencias de la ley. La reglas las aprueban los partidos y esto significa que no siempre está presente el interés público o ciudadano, sino el resultado un tanto complejo de las negociaciones entre competidores.

Uno de los problemas de la institucionalidad vigente resulta del desenlace traumático de las elecciones de 2006 con un resultado muy cerrado entre el candidato del gobierno, Felipe Calderón, y el opositor Andrés Manuel López Obrador. Al igual que las elecciones presidenciales de 1988, que dieron lugar al IFE y a una justicia electoral especial, las de 2006 crearon un modelo comunicacional restrictivo de las libertades, además de un esquema excesivo e invasivo de publicidad partidaria fundado en promocionales en radio y tv a cargo de los tiempos del Estado. Otro efecto de la reforma de 2007 fue haber removido a la totalidad del Consejo General, con lo que quedó en entredicho la inamovilidad de los consejeros a manera de asegurarles libertad respecto de los partidos.

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