Tengo entre mis momentos de orgullo profesional el que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy Inai, haya resuelto a mi favor una de las primeras solicitudes de transparencia que le tocó discutir.
Hay quien me ha dicho que fue la primera, pero como no me consta, lo dejo así.
Debió haber sido en 2004 cuando pedí al Museo Nacional de Historia que revelara la lista de objetos de valor histórico que guardaba en sus bodegas, y entre las cuales se encontraba entonces una bandera que los soldados mexicanos arrebataron a los defensores de El Álamo, en marzo de 1836.
Quizá había buenas razones para no presumir la existencia del estandarte, pues los herederos y admiradores de los secesionistas texanos que se atrincheraron y murieron a manos de los mexicanos en la antigua misión de San Antonio de Valero llevaban 40 años reclamando su devolución e incluso había versiones de que enviarían un comando a esta capital para recuperarla por la fuerza.
Con el fin de realizar un reportaje sobre esa historia, eché mano de la recién estrenada Ley de Transparencia e hice la petición al museo. Unas semanas después obtuve la respuesta. Me negaron los datos con el pretexto de que se afectaba seguridad nacional. Presenté entonces un recurso de revisión, alegando que no estaba yo pidiendo que me dieran las llaves de la bóveda, sino simplemente que me dijeran qué contenía. Los comisionados del Instituto me dieron la razón.
Desde antes de que existiera la Ley de Transparencia, recurrí varias veces al derecho de petición, consagrado en el artículo octavo de la Constitución. Interesado en el tema, seguí los trabajos del llamado Grupo Oaxaca, formado en 2001, que dio un impulso definitivo a la legislación, cuya promulgación ya cumplió 17 años. Desde entonces he ejercido muchas veces mi derecho de conocer la información que generan las autoridades. Otro reportaje en el que participé, con base en una solicitud de información, reveló la lista de regalos que había recibido el presidente Vicente Fox.
También he sido testigo de los avances que México ha tenido en materia de transparencia, pues con el tiempo se ha vuelto innecesario hacer muchas preguntas, pues las dependencias gubernamentales están obligadas legalmente a hacer pública una serie de datos.
Me ha preocupado que, en días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya propuesto que el Inai desaparezca y sus tareas sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. “Hay organismos supuestamente autónomos, independientes, que fueron creados durante el periodo neoliberal”, dijo el lunes pasado. “Vamos a llevar a cabo este año una revisión de los institutos, sin afectar a los trabajadores. Imagínense cuánto nos ahorraríamos en renta de oficinas y en viáticos. En el Instituto de Transparencia, mil millones de pesos”.
Ante esta amenaza, el Inai respondió que realiza una importante labor de contrapeso del poder público y su existencia evita que se impida o se limite el derecho a saber de la sociedad.
Estoy de acuerdo con el Inai. La Ley de Transparencia fue una creación de la sociedad civil. Incluso, en el Grupo Oaxaca participaron personas que hoy son colaboradores o simpatizantes del presidente López Obrador.
En mi opinión, no se pretende desaparecerlo sólo para ahorrar dinero, sino para coartar la libertad de saber qué hace el gobierno con los recursos públicos.
Decir que puede ser sustituido por la Función Pública es un despropósito, pues esa secretaría, que encabeza una persona evidentemente adicta al mandatario, no tiene incentivo alguno para dar a conocer información que no sea del agrado del gobierno federal o que pueda afectarlo.
La transparencia no está entre las prioridades de la autodenominada Cuarta Transformación.
El ayuntamiento de Texcoco, que alguna vez presidió Delfina Gómez, próxima titular de la SEP, se resiste a colaborar con el Instituto Nacional Electoral, que investiga los descuentos que en su tiempo se hizo a más de 400 empleados del municipio, presuntamente destinados a actividades políticas.
No, no se puede confiar en el gobierno –en ningún gobierno– para garantizar el derecho al acceso a la información. Por ello, es necesaria la existencia de un ente autónomo. Éste ya existe, es el Inai.
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