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Las efemérides dicen mucho en la política, aunque para la mayoría solo son parte del paisaje y ocasión propia de un periodo de asueto. Conmemorar el pasado es una constante en el propósito de legitimar un estado de cosas, un proyecto en curso o un mandato para transformar lo existente. Así ha sucedido siempre con la Revolución mexicana, una base, más que un modelo, que lo mismo ha servido para gobernar, cambiar o para oponerse, incluso para rebelarse.

El proyecto de gobierno más trascendental en política social con Lázaro Cárdenas se arropó con la Revolución en una interpretación distributiva de la riqueza nacional. En un sentido diferente, ocurrió con los gobiernos que le sucedieron, lo que llevó a Daniel Cosío Villegas y Jesús Silva Herzog a dar por muerta y traicionada la Revolución, ya en los 40. La última ocasión que tuvo el poder presidencial para ganar legitimidad ocurrió con López Portillo, quien adelantó que, de no tener éxito, su gobierno sería tanto como la muerte de la Revolución.

Durante décadas, hasta 1988, el sistema presidencial y el mismo partido dominante invocaron a la Revolución con la creencia de que el déficit de legitimidad democrática se resolvía con la sola referencia al movimiento de 1910, que lo mismo servía para promover el reparto agrario que para cancelarlo. De gran calado, por su sentido crítico, fueron las palabras de Luis Donaldo Colosio en aquel inolvidable discurso del 6 de marzo de 1994, pocas semanas previas a su magnicidio. Colosio dijo que solo los proyectos políticos autoritarios hacen de la historia mandato y razón de ser. Un llamado autocrítico fundamental inspirado en una visión liberal de la política y del poder: invocar a la Revolución no era suficiente para garantizar la legitimidad.

López Obrador escogió la efeméride revolucionaria para presentar su programa de gobierno y, de esa manera, dar inicio a su campaña por la Presidencia. Andrés Manuel, desde siempre, ha suscrito a la Historia y a sus personajes como fuente de inspiración y eje rector ideológico y programático para su proyecto personal. El suyo fue, por donde se vea, un acto anticipado de campaña, al aprovechar la fecha más relevante del calendario político-histórico nacional. Por el sentido político del líder y los riesgos de por medio, la expectativa no era menor.

La crónica de la ocasión, sin embargo, no le ha sido favorable. El abultado documento no tuvo una traducción mediática que le diera fuerza. En realidad, más que programa, de lo que se trató fue de un acto de culto a la personalidad. Dejó claro que, como en los tiempos del PRI dominante, el candidato adquiría dimensiones más allá de lo terrenal y lo estrictamente cívico. Recreó en el inconsciente colectivo esa visión religiosa de la autoridad presidencial, dispensador único de esperanza, justicia y venganza.

Es difícil para cualquier proyecto, más para uno que parte de la oposición, presentar un exhaustivo programa de gobierno. Es un acto audaz y pretencioso previsiblemente cargado más al propósito que a la realización. Por ello, en lo presentado domina lo que se compromete y no lo que se cumpliría. Quizás la parte más notoria es lo que tiene que ver con las finanzas públicas, la reingeniería que ha propuesto se concentra en el gasto y no en los ingresos. Las pretensiones de inversión en infraestructura o de gasto social o para la seguridad no las puede soportar la sola disminución del gasto corriente.

Esta sí es una postura neoliberal exacerbada. Para un país desigual y con amplios sectores fuera del trabajo formal y con exigencias significativas de gasto, es imposible cancelar de antemano una postura fiscal que deje las cosas igual. Esta omisión es sin duda un guiño demagógico al sector empresarial, como también lo es el silencio alrededor de combatir el monopolio o la concentración productiva. Una inconsistencia elemental para un proyecto de izquierda, inviable en su posibilidad de cumplir lo que se promete.

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