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Nada tan impopular como la defensa de la burocracia. Basta sugerir, como hice ayer, que puede haber frutos sanos en esa mata, para ser acusado de cómplice del statu quo, cuando no de partidario de la corrupción y la impunidad.
Mi argumento no quiere defender lo indefendible de la burocracia, sino precaver en general contra las soluciones tajantes y las cirugías con machetes.
Es normal que el futuro gobierno piense en dar resultados rápidos y avanzar sin dilación en el cumplimiento de sus promesas.
Hay muchas cosas que podrá hacer con la rapidez y eficacia buscadas: suspender las pensiones de los presidentes, poner a consulta el aeropuerto, viajar en aviones de línea, despedir choferes y asesores.
Lo que no puede hacer con rapidez y prontitud es lo fundamental: ni reducir la violencia ni terminar con la corrupción ni rediseñar de arriba abajo a la burocracia federal.
La burocracia federal no echa tiros ni crea escándalos públicos, pero tiene derechos y es tan difícil de reformar como cualquiera de los otros grandes nudos de la agenda mexicana.
Colectivamente hablando, la burocracia tiene una ventaja institucional sobre el crimen organizado o los corruptos consuetudinarios del gobierno: es una franja enorme de trabajadores con derechos adquiridos o reclamables: 1.2 millones de sindicalizados, 370 mil de confianza.
Se puede tener la ilusión, típicamente tecnocrática, de que toda esa masa de empleados y sus familias, en total unos 5 millones de personas, responderán con obediencia y disciplina chinas a los ucases que vienen desde arriba, legitimados por un potente mandato electoral.
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