La transparencia ha dado dolores de cabeza a los secretarios del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. En algo más de una semana, la polémica ha tocado a tres destacados ministros de un Gobierno vehementemente comprometido con el combate a la corrupción. El esfuerzo por dar transparencia a los patrimonios de la alta burocracia ha revelado propiedades ocultas en Texas de los encargados de los ministerios de Gobernación (Interior) y Comunicaciones y Transportes. También ha matizado la trayectoria curricular del encargado de la Secretaría de Educación Pública, quien ha terminado por reconocer que no ha concluido la segunda licenciatura de la que presumía. Los expertos consideran que este es un buen ejercicio para arrojar luz sobre la Administración pública, que ha vivido en la opacidad en los últimos sexenios.
Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, es el hombre encargado de sepultar la polémica reforma educativa aprobada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El funcionario, quien tiene una maestría en Filosofía en Cambridge, ha sido uno de los más recientes afectados por la orden expresa de López Obrador de informar con transparencia de bienes y trayectorias en una plataforma pública accesible en Internet. El presidente había dado un ultimátum a sus colaboradores para hacerlo. El domingo, el currículum de Moctezuma, titulado en Economía, que también figuró en el Gabinete del presidente priísta Ernesto Zedillo (1994-2000), fue rectificado con una nota: “preciso que estudié la carrera de Derecho y debo presentar unas materias faltantes para concluir”.
Un día después, el lunes, el diario Reforma publicó que Javier Jiménez Espriú, el ingeniero a cargo del ministerio de Comunicaciones y Transportes, había omitido incluir en su declaración patrimonial un apartamento en Houston, Texas, que tendría un costo de 346.000 dólares (6,6 millones de pesos). El funcionario había dejado en blanco los espacios de propiedades y empresas en la declaración que hizo a finales de diciembre. Sin embargo, la revelación periodística lo obligó a dar explicaciones por el apartamento en Estados Unidos.
Jiménez Espriú explicó que esta vivienda, comprada por su esposa en 1992, fue donada a una sociedad mercantil creada en Estados Unidos de la que fue administrador. “De manera previa a mi regreso como funcionario público, las acciones de la sociedad que se encontraban a mi nombre pasaron a la titularidad de mi hijo, Javier Jiménez Gutiérrez”, justificó el secretario esta semana en un boletín de prensa. El funcionario asegura que la transferencia de acciones a su hijo, quien no pertenece a la Administración, lo exime de declarar la propiedad. Esto es disputado por expertos en transparencia. “Habría que contrastar si la autoridad recibió la notificación de que la empresa existe”, aseguró esta semana Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM). El analista consideró que este tipo de donaciones en vida tendrían que reflejarse en formatos más exhaustivos de declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés. Estos serán la regla una vez que entre en acción el Sistema Nacional Anticorrupción, que está conformándose.
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