El pasado martes presenté mi renuncia con carácter irrevocable a la Secretaría Ejecutiva del INE. Algunos se llamaron a sorpresa, hubo quien criticó acremente la decisión; quien la consideró necesaria y oportuna y a quienes les pareció anunciada sobre todo después de que el lunes pasado describía en este mismo espacio lo que considero debe ser el perfil de esa posición de responsabilidad.
Va pues. En primer lugar no se trata de una ocurrencia de última hora al amparo de una coyuntura y las presiones derivadas de ésta, aunque las circunstancias (mis circunstancias como diría Ortega y Gasset) me hayan dado las evidencias para terminar de tomar la decisión. Desde hace un año rondaba en mi cabeza la necesidad de separarme del cargo, fui madurando la idea pasando de las intuiciones a las razones, como son las decisiones de esta envergadura, y puliéndola en diversos intercambios.
Como ya lo he dicho y escrito, el desempeño de la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva (SE) supone una atención a prueba de todo. A mi parecer, el diseño del cargo es inadecuado entre otras razones por la concentración de funciones, los largos tramos de control y la centralidad del mismo en una arquitectura institucional por un lado colegiada y al mismo tiempo vertical, ya que la ejecución de las tareas cruciales del INE supone operaciones quirúrgicas y plazos fatales. Va un ejemplo: el domingo 2 de junio de 2024 a las 8:00 se estarán instalando alrededor de 170 mil casillas en todo el país, ni un día antes ni un día después, y así como eso una gran cantidad de actividades tienen esa lógica y de esa milimétrica ejecución depende la estabilidad política de nuestra sociedad y además en un contexto multivariado, no sujeto al control del ejecutante: inseguridad, rijosidad política, conflictos sociales, etc.
Ese diseño hace frágil al INE y está inspirado en una concepción centralista-presidencialista de la administración pública. Lo anterior lo he expuesto y no en pocas ocasiones, incluso ante legisladores, ya que esa arquitectura deviene de la Constitución y de la ley en la materia y no de una decisión institucional. Esa reflexión, denominémosla organizacional, conllevaba la visión autocrítica sobre mi desempeño y la convicción de que se acercaba, después de más de 14 años, la necesaria renovación de quien ocupa el cargo para evitar ceguera de taller y cerrar oportunamente un ciclo.
Con eso a cuestas vayamos ahora al presente inmediato, si bien a lo largo de ese periodo como SE tuve divergencias con diferentes actores políticos, siempre privó el respeto y las mismas nunca se dirimieron ante la opinión pública, ya que estoy convencido eso no le toca al secretario, en todo caso el escenario para ello es el Consejo General. Al secretario le corresponde preparar los proyectos, con el apoyo de las áreas técnicas, que se discuten y resuelven en la mesa de la herradura y no puede pronunciarse ni antes ni una vez tomadas las decisiones. Ya que pronunciarse ex ante invalidaría su papel técnico e incluso pondría en riesgo el “debido proceso” y, además, después le toca coordinar la ejecución puntual de lo que se resuelve.
Pero lo que precipita todo es el que una fuerza política y el mismo Ejecutivo federal en su propuesta de reforma electoral, el denominado plan B, me dedican un artículo transitorio de la misma para cesarme, lo que a todas luces es ilegal como finalmente lo determinaron las autoridades jurisdiccionales. Esto, antes de arredrarme, me hizo salir al debate público para explicar el porqué de mi combate a semejante inconstitucionalidad y en defensa del Estado de derecho, así como advertir sobre los riesgos regresivos para la democracia y los derechos fundamentales de la intentona reformista hoy sujeta a escrutinio de la Suprema Corte, no se trataba pues de la defensa de una chamba como algunos quisieron verlo.
Lo anterior me sacó del papel discreto y técnico que estoy convencido que el SE debe tener para poder hacer su trabajo y “blindar” la operación institucional alejándola del debate político y evitando con esto su indebida politización. Para ilustrar lo anterior, les pido que piensen en la hipotética situación en la que los que organizan una elección dan motivo al debate o son parte del mismo en las campañas políticas por un protagonismo que no les corresponde, de por sí, bien dice Galeano: los jugadores —en este caso los partidos políticos, las y los candidatos— sostienen que los partidos se ganan a pesar del árbitro y se pierden por culpa de él.
Permítanme compartir una razón adicional. La Constitución confiere al Consejo General la facultad de nombrar al SE a propuesta de la Presidencia de ese órgano —justo ese fue uno de los argumentos que expuse al controvertir la inconstitucionalidad con la que se me quería cesar— y de ahí se desprende la facultad de ese colegiado para separar del cargo a quien lo ocupe. Considerando esas atribuciones, en virtud de que el Consejo General es el superior jerárquico del SE, ante la vecindad del relevo que se aproximaba y en respeto a esa investidura consideré que era el momento oportuno para dejar en plena libertad a ese órgano de dirección para nombrar a quien en esta nueva etapa de la institución coordine los trabajos operativos y técnicos de la misma.
Entre otras razones, las tres centrales que están en la base de la renuncia son la reflexión que data de al menos un año atrás; que adquirí un protagonismo que no es compatible con el rol que debe jugar el SE del INE para cumplir cabalmente con sus responsabilidades, y que se abre una nueva etapa de la autoridad administrativa electoral nacional.
Honrando el Estado de derecho y bajo las éticas de la convicción y la responsabilidad es que presenté mi renuncia.
Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
