Quienes hemos tenido la oportunidad periodística de conocer las entrañas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sabemos que el presidente López Obrador no exageró cuando se describió consciente de que en el vandalismo de los encapuchados hay mano negra.
La intervención de grupos ajenos a los universitarios ha sido una constante desde que, en 1986, resurgió con el CEU la organización estudiantil.
Porque las movilizaciones que emergen de las aulas han sorteado intereses infiltrados por los duros del gobierno en turno, vía los porros o a iniciativa de radicales de izquierda afines a pretensiones guerrilleras.
Los ceuístas de los años 80 y 90 aprendimos a reconocer las provocaciones de ambos segmentos. Ese no fue el caso del Consejo General de Huelga de 1999, cuyas reivindicaciones se pudrieron bajo el dominio de los ultras.
Independientemente de la suerte que cada movilización tomó, en todas se diseñó una salida que respondiera a las demandas genuinas y que acotara a los sectores que pedían represión y a los activistas que buscaban escalar sus luchas extra muros.
Y en esas salidas, los rectores contaron con el apoyo político y logístico de los gobiernos federal y capitalino, bajo la consideración de que ignorar aquellos conflictos era correr riesgos para la estabilidad de sus administraciones.
Así ocurrió con Carlos Salinas cuando el rector Jorge Carpizo abortó el proyecto para regular el pase automático y subir las cuotas.
Y cuando el rector José Sarukhán volvió a intentar el cobro de colegiaturas y el emergente Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalizó el rechazo estudiantil, de nueva cuenta el gobierno salinista apagó el incendio que sus presiones habían generado, con el cabildeo del regente Manuel Camacho, quien entabló una efectiva interlocución con quienes terminarían siendo sus compañeros de partido y que, en aquel momento, eran líderes del movimiento, como Carlos Imaz y Fernando Belaunzarán.
En el año de 1999, con nueve meses de traumática huelga, el presidente Ernesto Zedillo perdió a su secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, para que relevara al rector Francisco Barnés, quien no pudo levantar el tiradero de un movimiento que sepultó la insistencia de elevar las cuotas.
Justo este jueves se cumplieron 20 años del ingreso de la Policía Federal a Ciudad Universitaria para recuperarla, después de 11 meses de una toma del campus que evidenció la vulnerabilidad de la institución frente a los extremos políticos y el hecho de que ésta se había convertido en un tablero de la alternancia partidista, cuyas principales figuras eran el rector De la Fuente, artífice de la salida política, y la jefa de Gobierno, Rosario Robles, exdirigente del STUNAM y protagonista clave del sector académico que acompañó las movilizaciones del CEU.
Destacado ejecutor de las suturas universitarias como secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986, 1991 y 2000, José Narro Robles consiguió que sus dos rectorados transcurrieran sin conflictos mayores.
Sin la vocación política de sus dos antecesores, el rector Enrique Graue dejó crecer el reclamo legítimo de las universitarias por la violencia de género que campea en facultades y preparatorias. Y no quiso, o no pudo, sacudir con sentido de urgencia a su burocracia que, para colmo de males, en 2018 perdió el enlace que tenían las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México con la Segob, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Educación Pública para el monitoreo de riesgos.
A la falta de una respuesta institucional que se haga cargo de la revuelta feminista experimentada a nivel global, se suma el evidente abandono del gobierno a la élite universitaria que no atina ni a identificar quiénes son los provocadores.
Por supuesto que la poderosa palabra presidencial cuenta para descalificar a los anarquistas. Sin embargo, como lo advirtió el diputado Porfirio Muñoz Ledo, no basta con hablar de la mano, hay que averiguar de quién es. Y pararla.
En sentido contrario, el también legislador de Morena, Pablo Gómez, acusó desde la tribuna de la Cámara de Diputados a las autoridades de la UNAM de omisión e incumplimiento de promesas, echándole leña al fuego y haciendo evidente el abandono de la 4T a la Rectoría.
¿Qué hará la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exlíder del CEU, para que Graue desenmascare a los encapuchados?
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