Andrés Manuel López Obrador convirtió el tema del fideicomiso de Morena para ayudar a damnificados en un veredicto moral sobre su honestidad personal y la del gobierno que encabezará.
Pero los magistrados electorales que analizan la impugnación de Morena a la multa de 197 millones de pesos que le impuso el INE tienen que decidir solamente sobre la legalidad del mecanismo.
La presión política sobre ellos es alta pero su margen de maniobra es estrecho: aceptar tal cual los argumentos de Morena podría conducir al derrumbe del aún precario sistema de fiscalización del dinero electoral del país pues todos los partidos quedarían autorizados para darle la vuelta —ahora con aval de la máxima instancia— mediante la apertura de fideicomisos diseñados y operados por sus dirigencias con la fórmula mágica de decir que son privados… y (muy importante) que tienen nobles intenciones.
Baste recordar que el mentado fideicomiso se creó tres días después de un anuncio de López Obrador, por orden de un resolutivo del Consejo Nacional de Morena, que fue operado por sus dirigentes, alimentado por dirigentes y candidatos y que el dinero fue cobrado por operadores militantes del partido.
Así que el margen para López Obrador tampoco es mucho. Puede mantenerse como protagonista del asunto y comenzar a gastar su bono democrático, montado en su mayoría electoral y en que sus simpatizantes se muestran dispuestos a justificarle todo. O puede hacerse a un lado y dejar que Morena enfrente el caso ante la opinión pública quizá con la estrategia de admitir que se equivocaron en la ejecución de una noble idea.
Si insiste en tomar el tema como examen de su honestidad, tendrá que mantenerse enfrascado en explicaciones francamente difíciles:
1.— Si el dinero del fideicomiso no provino de las prerrogativas del partido, como afirma ahora, entonces sería falso lo que dijo durante la campaña de que estaban donando la mitad de su gasto.
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